La pobreza en España

Indicador de un espejismo de desarrollo social

La sociedad española presenta un modelo de integración precaria que desde los años ochenta ha tenido oscilaciones de mejora y de deterioro que han hecho patente la insuficiencia de la capacidad protectora de sus sistemas públicos.

La exclusión social, la pobreza y la vulnerabilidad son fenómenos estructurales que hoy, a consecuencia de la crisis se hacen especialmente visibles por su extensión y su intensidad.

La pobreza y su medición. La exclusión social 

La pobreza es un concepto relativo a cada sociedad, estableciendo cuantitativa y cualitativamente el umbral que se considera mínimo para una vida digna. Su medición se ha consensuado y establecido en el ámbito científico a través de la renta económica ya desde el año 1979 (Townsend), pero también a través de la privación de bienes materiales básicos que definen las condiciones de vida de las personas.

La pobreza es un concepto relativo al tiempo y al espacio que tomemos como referencia, también se establece en función de la protección o asistencia que una sociedad puede ofrecer a los grupos más vulnerables. Esa relación de lo social nos lleva a pensar que la pobreza no sólo es una cuestión cuantitativa, sino una construcción social de derechos y de relaciones sociales que incide directamente en la desigualdad producida en una sociedad con recursos limitados.

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En la Unión Europea se considera pobreza a “la situación de las familias, personas y grupos, cuyos recursos económicos, sociales y culturales son tan limitados que les excluyen del modo de vida que se considera aceptable en la sociedad en la que viven”1.

El umbral de la pobreza, se establece en el 60% de la renta mediana (30% en el caso de la pobreza severa). Este umbral es de 7.845,60 euros al año (653,8 euros al mes) para una persona adulta en el año 2009. La tasa de pobreza es el porcentaje de hogares que está por debajo de este umbral.

No obstante, la sociología y la economía han aportado nuevas fuentes de medición complementarias al indicador cuantitativo y económico de la pobreza. El concepto de exclusión social, definido como la acumulación de desventajas sociales y económicas desde una perspectiva multidimensional (vivienda, salud, educación, empleo, participación y relaciones sociales) ofrece una visión más completa, dinámica y cualitativa del fenómeno de la pobreza, y nos habla de la limitación en el ejercicio de los derechos sociales y económicos de los ciudadanos. Una lógica estructural, de relaciones sociales y de sentido vital personal describe más completamente y con perspectiva, el empobrecimiento de las personas.2

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Las dimensiones de la precariedad social en España

Antes de la crisis, entre los años 1994 y 2007, la sociedad española experimentó un gran crecimiento económico que no tuvo su correspondencia en desarrollo social. Hemos seleccionado seis indicadores para constatar que este crecimiento no supuso un desarrollo social, sino una consolidación de la precariedad social. Se refieren a la pobreza, la privación, la exclusión, el desempleo, la protección social y los servicios sociales.

1. POBREZA. La evolución de la tasa de pobreza en España en las últimas décadas reposa en una tendencia que conoció una reducción significativa en el periodo de 1973 a 1990, pero cuyo descenso se truncó en la década de los 90. En época de bonanza económica (1994-2007) la pobreza se mantuvo elevada y estable, ya que en torno al 20% de los hogares estaban por debajo de ese umbral3. Un 44% de los hogares sufrió algún periodo de pobreza en estos años.

2. PRIVACIÓN. Entre 1994 y 2007, el 50,8% de los hogares ha sufrido la privación de alguno de los bienes considerados por el I.N.E. En este caso se trata de clasificar a la población según el número de problemas acumulados medidos a través de 25 indicadores de privación material que tienen que ver con los gastos que un hogar no puede permitirse (calefacción, comidas de carne o pescado cada dos días), la ausencia de bienes concretos (lavadora), la existencia de dificultades financieras (pago de facturas, hipotecas o alquileres), y problemas relacionados con la vivienda (hacinamiento o goteras) o con el entorno (ruidos, contaminación).

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3. EXCLUSIÓN SOCIAL. A finales del año 2008 la Fundación FOESSA publicaba el VI Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en España4 en el que se ofrecían los resultados de una encuesta a 3.500 hogares realizada en el segundo semestre del año 2007, cuando la crisis económica todavía no había salido a escena. Una de las aportaciones más destacadas de este estudio, fue el diagnóstico elaborado sobre el espacio de la exclusión en España a partir de 35 indicadores agrupados en tres ejes: eco- nómico, político y de relaciones sociales. En este sentido, en función del valor de estos indicadores, el informe presenta cuatro grupos sociales que van de la integración plena a las situaciones de grave exclusión:

Integrados (49%). Suponen 7,5 millones de hogares, de los que el 10% está bajo el umbral de la pobreza.

Integración precaria (35%). 5,5 millones de hogares. 18% bajo el umbral de la pobreza.

Exclusión compensada (10%). 1,8 millones de hogares. 38% bajo el umbral de la pobreza.

Exclusión severa (6%). 800.000 hogares. 52% bajo el umbral de la pobreza.

Una exclusión que visibilizaba los grupos más vulnerables: comunidad gitana, ciudadanos  extracomunitarios, familias numerosas y monoparentales, los hogares con parados y con discapacitados. Este panorama demuestra cómo se organizaba la sociedad española en términos de exclusión antes de la crisis y como la precariedad recorre extensamente todo el tejido social. En un contexto de crecimiento económico, el 52 % de los hogares está afectado por alguno de los 35 indicadores de exclusión social del VI Informe FOESSA.

4. DESEMPLEO. Con una mirada retrospectiva más amplia hacia el pasado, se constata que el desempleo –independientemente de las coyunturas de crisis económica (años 1983, 1992, 2001, 2008)–, a lo largo de los últimos 50 años, tiene una tendencia ascendente tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos5. Las rentas de trabajo han disminuido, mientras que las rentas del capital no han dejado de crecer6. Además, en los últimos años antes de la crisis, la precariedad laboral ha sido creciente en salarios y temporalidad.

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5. El sistema de PROTECCIÓN SOCIAL, a pesar de su progresiva universalización, es insuficiente por su baja intensidad protectora, quedan sectores sin cubrir y tiene un desigual desarrollo en sus diferentes ámbitos (servicios sociales, garantía de rentas, servicios y prestaciones para vivienda, salud, educación, etc.), lo que pone de manifiesto la precariedad de la protección social en España. En nuestro país, dedicamos sólo un 20,5% del P.I.B. al gasto social, mientras que la UE emplea un 27,5% como media. Estos siete puntos de diferencia se han mantenido durante las últimas décadas por lo que podemos hablar de estancamiento del gasto social a pesar del crecimiento económico antes de la crisis.

6. SERVICIOS SOCIALES. Por último, considerando uno de los ámbitos de intervención de la protección social en España antes de la crisis, podemos indicar los siguientes síntomas de precariedad del sistema de servicios sociales. Escasamente articulado con otros ámbitos de la política social como empleo, vivienda, salud, educación o garantía de rentas. Implantados con pluralidad, desigualdad y discrecionalidad territorial (CC.AA.)7. Diverso en su débil relación con otros actores (ONGs y privados). Vertebrado por sectores/áreas de actuación (colectivos) o necesidades. ¿Desde qué “programa” se atiende a una mujer, inmigrante, sin empleo? Se ha perdido de vista que el centro de la intervención social es la persona, con sus características y sus necesidades. Sin garantías mínimas universales como derecho ciudadano. Insuficientes en recursos económicos y humanos. Y con una información cuantitativa imprecisa, incompleta y escasamente actualizada.

La lectura de estos seis indicadores nos muestra un panorama de congelación o reducción en lo social que nos permite hablar con claridad de la existencia de una sociedad precaria antes de la crisis, cuyos macroindicadores económicos como el aumento del P.I.B. nos hacían vivir en un espejismo de desarrollo social.

Observamos cómo se reducen los mecanismos y las posibilidades de protección social, porque el sistema en España gira fundamentalmente en torno al empleo y a la cotización, y cuando el trabajo es escaso, se tambalea.

La pobreza que viene con la crisis 

En el último informe del Observatorio de la Realidad Social de Cáritas, se constata el empeoramiento de la situación de las personas y familias más vulnerables, y la cronificación de las dificultades sociales8. La falta de trabajo y de recursos les ha convertido en demandantes regulares de ayuda y en personas dependientes de los exiguos recursos de las organizaciones sociales para cubrir necesidades básicas.

Los informes del Observatorio de Cáritas nos hablan de la duplicación del número de personas que acuden demandando ayuda social a esta institución. En tres años se ha duplicado el número de personas, pasando de 400.000 a 950.000. Las demandas más intensas y extensas, por este orden, tienen que ver con la alimentación, la vivienda y el empleo.

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Los hogares han desarrollado estrategias de supervivencia que se basan principalmente en el apoyo desde la familia y la inmersión en la economía sumergida, quedando en tercer y cuarto lugar respectivamente la ayuda de las organizaciones sociales y las prestaciones y ayudas de los servicios sociales públicos.

La información más reciente de la Encuesta de Condiciones de Vida del I.N.E. del año 2010 constata un aumento de la pobreza relativa alcanzando el 20,8% de la población (cerca de 10 millones de personas). Los recientes indicadores de exclusión social de la Fundación FOESSA y Cáritas9 nos hablan de un aumento de más de 800.000 personas en el periodo 2007- 2010. La cifra de personas en situación de exclusión social se eleva a 8,5 millones. Más de la mitad de la población española está afectada por alguno de los 35 indicadores de exclusión social en la actualidad, y la tasa de paro se mantiene en torno a un preocupante 20%.

Simultáneamente observamos cómo se reducen los mecanismos y las posibilidades de protección social, porque el sistema en España gira fundamentalmente en torno al empleo y a la cotización, y cuando el trabajo es escaso, se tambalea. La crisis evidencia la insuficiencia del sistema de Seguridad Social y la necesidad de un sistema de Acción Social que haga frente a la precariedad10. España, durante la crisis empezó con un esfuerzo por aumentar el gasto social, pero el punto de partida de España era ya muy bajo, pues estaba siete puntos por debajo de la media de la UE en porcentaje de P.I.B..

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La impotencia de los servicios sociales públicos se hace patente ante el aumento de las personas y familias que demandan la cobertura de necesidades básicas y urgentes a un sistema que no cuenta con los recursos adecuados para hacer frente a este incremento. Desde el Observatorio de la Realidad Social de Cáritas se constata que los fondos públicos de ayuda social apenas han crecido en estos años de crisis y que apenas pueden responder a la gran demanda de ayuda social generada. El esfuerzo mayor se percibe desde la garantía de rentas básicas o mínimas y desde los servicios y prestaciones de empleo. Hay un creciente aumento del retraso en la gestión11, un déficit en la existencia de partidas “de emergencia social” a escala local (Ayuntamientos)12 y una tendencia al endurecimiento de los requisitos de acceso a las ayudas o prestaciones públicas.

El “desbordamiento económico” de la sociedad nos ha dejado sin rumbo en una globalización deshumanizante, pero es desde esta oscuridad donde las semillas de un nuevo modelo de persona y de sociedad pueden germinar para transformar el mundo y sus relaciones.

La extensión e intensidad del fenómeno es de tal magnitud que trae como consecuencia una atención deficiente (más respuestas de información que de resolución), el endurecimiento de las condiciones de acceso13, los retrasos en las prestaciones (que provocan que las organizaciones sociales como Cáritas adelanten por ejemplo el dinero de las rentas mínimas públicas), derivaciones a las organizaciones sociales14, además de hacer emerger las precariedades del propio sistema enunciadas anteriormente. Pero la consecuencia más grave es el empeoramiento progresivo de la situación, cada vez más cronificada, de miles de personas y familias.

El coste social de la pobreza

La pobreza y la exclusión social no son sólo el efecto residual, colateral e inevitable del crecimiento económico. La pobreza tiene un coste para la sociedad por el aumento de las personas dependientes, por el obstáculo que manifiesta a la hora de expresar la participación social, y porque es una verdadera amenaza para la ciudadanía y la cohesión social. No quisiéramos que fuera el miedo lo que nos hiciera reaccionar, sino el convencimiento de que es posible otra orientación del desarrollo social.

Hemos de dejar constancia explícita de la naturaleza de la cuestión que nos ocupa. Cada vez más ciudadanos ponen bajo seria sospecha a una sociedad que ha situado como horizonte de su progreso al crecimiento económico, dejando en la periferia el desarrollo de las personas.

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El “desbordamiento económico” de la sociedad nos ha dejado sin rumbo en una globalización deshumanizante, pero es desde esta oscuridad donde las semillas de un nuevo modelo de persona y de sociedad pueden germinar para transformar el mundo y sus relaciones. La economía es una actividad al servicio de las personas y no al revés. Es éticamente inaceptable una economía que produce pobreza como baluarte estructural que justifica su injusto funcionamiento. La economía necesita de una ética amiga de la persona que se responsabilice del futuro seriamente, trabajando aquí y ahora desde nuestra precaria protección social presente para erradicar la pobreza. ©

1.Consejo de Ministros 2º programa de Lucha contra la pobreza de la UE, diciembre de 1984.

2.Consultar indicadores en LAPARRA, M. y PEREZ, B. (2008): Exclusión social en España: un espacio diverso y disperso en intensa transformación. Fundación FOESSA. Colección Estudios, nº 24. Trabajos para el VI Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en España.

3.AYALA, Luis (2008): Desigualdad, pobreza y privación. Fundación FOESSA. Colección Estudios, nº 26. Trabajos para el VI Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en España.

4. RENES, Victor (2008) coord.: VI Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en España. Fundación FOESSA y CÁRITAS, Madrid, 770 págs.

5.AMECO (2009): Annual Macroeconomic Database. Comisión Europea.

6. Cfr. LAPARRA, M. (2006): La construcción del empleo precario. Dimensiones, causas y tendencias de la precariedad laboral. Fundación FOESSA. Colección Estudios, nº 15.

7. En el AMECO se constata que la participación de las rentas del trabajo en la renta nacional de la UE de los 15 ha pasado del 67 al 55% entre 1975 y el 2010. Además, según el profesor Viçent Navarro, catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra, de 1999 al 2009 en la UE de los 15 los beneficios empresariales aumentaron un 38 % (42,3% en la zona euro), mientras que los costes laborales aumentaron sólo un 17%. En España, de 1999 al 2005, las empresas aumentaron sus beneficios netos un 73 % (más del doble de la UE-15 que lo hizo en un 33%), mientras que los costes laborales aumentaron sólo un 3,7% -cinco veces menos que la UE- 15, que fue del 18,2%.

8. Para similares necesidades, condiciones y criterios, las diferencias de una Renta Básica o Mínima entre Comunidades Autónomas puede ser de 300 a 600 euros al mes.

9.OBSERVATORIO de la REALIDAD SOCIAL de Cáritas (2011): VI Informe del Observatorio de la realidad social: Cáritas ante la crisis. Cáritas Española. 25 págs.

10.LAPARRA, M.; PEREZ, B. (2010): El primer impacto de la crisis en la cohesión social en España. Colección Estudios. Fundación FOESSA y Cáritas, 519 págs. Se trata de una repetición de la misma encuesta realizada para el VI Informe, de manera que se tuviera información antes de la crisis (año 2007) y “durante” la crisis (año 2009).

11.LINARES, Esperanza (2009): Protección social en España. Manual de legislación y análisis del sistema de Garantía de Rentas. Ed. Cáritas, Madrid, 244 págs.

12.26 días como media para concertar primera cita en los servicios sociales públicos (En Cáritas 4 días); 65 días entre la primera cita y la respuesta efectiva (En Cáritas es de 7 días); y 132 días entre la solicitud y el cobro efectivo de una Renta Mínima (era de 98 días en el 2008).

13.Se constata la escasa ayuda desde los servicios sociales públicos en temas de vivienda (suministros, desahucios), alimentación, salud (gastos sanitarios y de medicamentos en enfermedades crónicas y/o graves) y en necesidades de transporte y ropa/calzado.

14.La población excluida de la ayuda social por los criterios y baremos establecidos es cada vez mayor: no empadronados –o con tiempo de permanencia inferior al exigido-, personas sin hogar, personas con problemas crónicos (enfermedad mental, drogodependencia, sin apoyo familiar), e inmigrantes irregulares (más de 100.000 sobrevenidos a consecuencia de la crisis por no poder renovar las autorizaciones de residencia y trabajo). El 67% de las personas atendidas por Cáritas en el año 2010 venían derivadas de los servicios sociales públicos.

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