Revista Crítica

 

Según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del reciente mes de enero, la corrupción ocupa de nuevo el segundo lugar en la lista de problemas de los españoles, detrás del paro. Este dato viene a coincidir con los resultados del último informe elaborado por la ONG alemana Transparencia Internacional (TI), entidad de reconocido prestigio, para la que España es el segundo país del mundo, tras Siria, donde más ha aumentado la percepción de la corrupción durante el último año.

 

Según el Banco Mundial, la corrupción es el mayor obstáculo para el desarrollo económico y social de un país. Su ejercicio no sólo “menoscaba los recursos que el Estado utiliza para satisfacer las necesidades de sus ciudadanos; también desincentiva la realización de inversiones, frena el desarrollo económico, perpetúa los niveles de pobreza y promueve la ineficiencia y la inestabilidad”. Pues bien, España está a la cabeza de Europa en blanqueo de capitales, el fraude a la Hacienda pública alcanza niveles colosales y la economía sumergida supone alrededor del 25% del Producto Interior Bruto (más del 35% en el caso de Canarias).

 

 

 

La corrupción se ha convertido en una pandemia que todo lo infecta y contamina obligándonos a vivir con la nariz tapada. Y todo esto sucede mientras una gran parte de los ciudadanos padece una crisis económica que no han causado ellos, pero que en ellos se ceba, mientras unos pocos permanecen al margen de sacrificios y privaciones. Se ha recortado todo: sanidad, educación, ley de dependencia, derechos laborales y sociales…, mientras los políticos siguen haciendo política electoral como si aquí no pasara nada, cumpliendo con los más adinerados porque los pobres les producen repeluzno y tiritera, mientras un sinfín de empresarios, aprovechando la penuria, la miseria y la desesperación de los más débiles, explotan al que tiene trabajo, no pagan a la Seguridad Social o a Hacienda, o están en la cárcel como ricachones, comiendo de un catering pijo, acusados de graves delitos… Pero a los ciudadanos no se nos va olvidar nada de todo esto, porque ni el cumplimiento de una pena borra su causa, ni el sinvergüenza deja de serlo por ocupar una poltrona.

Los dos signos más abyectos de nuestro tiempo, la indiferencia y el urgente deseo de enriquecerse, se han instalado en nuestra cultura líquida². Intentar vivir hoy con honestidad sin buscar en todo beneficio se considera el despreciable comportamiento de los imbéciles. Ante el colapso ético en el que nos encontramos, sólo parte de la ciudadanía se está movilizando, pero debe de empezar a ser cosa de todos exigir transparencia, limpieza y ejemplaridad en la vida pública… y aplicarse el cuento en la privada. La ciudadanía hoy no confía en sus dirigentes, ni en sus empresarios, ni en sus políticos, ni en sus sindicatos… ni en sus vecinos. La ética sirve, entre otras cosas, para promover conductas que generen confianza. Sólo cuando los dirigentes e instituciones sociales estén libres de toda sospecha y sean percibidos como representantes honrados y confiables podremos decir que la corrupción está siendo extirpada.

 

No hace mucho, leía en una entrevista³ realizada a Adela Cortina, Catedrática de Ética de la Universidad de Valencia, que “una propuesta como la capitalista, según la cual la base de la conducta humana es el afán de lucro, está radicalmente equivocada. Lo que muestra la biología evolutiva y las neurociencias es que los seres humanos estamos preparados para la cooperación y el cuidado. Que el egoísmo es forzar uno de los lados del ser humano; que el individualismo no se sostiene porque el cerebro humano es social”. Está bien recordar de vez en cuando quiénes somos o quienes podemos llegar a ser.

 

Vivimos momentos decisivos. La única manera de avanzar es sabiendo cuál es el camino a recorrer: barrer calles, limpiar fachadas, eliminar a los podridos, descontaminar aguas fecales, desinfectar edificios públicos y echar el cierre a cualquier institución, por muy alta que ésta sea, si insiste en la intransparencia y en el trincar.©

 

1. Según datos aportados en la apertura del año judicial, a mediados de 2013 existían en España más de 1.600 causas pendientes sobre asuntos de corrupción política y financiera, entre las que 302 tenían la consideración de macroprocesos, dada su complejidad y el número de implicados.