60 años de la Declaración de Derechos Humanos

La más antigua declaración de derechos de los “hombres” (quedaban excluídas las mujeres) no afirmaba que todos los “hombres” eran iguales o libres, muy al contrario proclamaba que los “hombres” eran desiguales. Unos estaban destinados a servir, otros poseían libertades limitadas, y sólo los señores –un reducido número de personas– po- dían regir sus propias vidas y gozar de privilegios. Y pese a todo, esta primera declaración, el Código de Hammurabi, redactado alrededor del 1775 a.C., fue visto como un notable avance: concretaba leyes y de este modo evitaba, como era costumbre, que los fuertes impusiesen su capricho. Casi 3.500 años más tarde (así de inquietantemente lentos son los cambios de mentalidad en el ser humano) fue posible un cambio de visión que se inició en el siglo XVIII, el Siglo de la Ilustración, cuyas luces nos llevaron a reconocer que todo “hombre” puede ser mayor de edad, es decir, que puede pensar por sí solo y con su razón criticar los comportamientos y valorarlos éticamente1. Pocos años después, los franceses se rebelaron contra la desigualdad y el hambre y salieron a la calle para proclamar los ideales de liberté, égalité et fraternité, redactando en 1789, año de la Revolución Francesa, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Hasta que en 1948, en pleno siglo XX, después de las dos devastadoras guerras mundiales, el ser humano se volvió a dar una oportunidad estableciendo una Declaración Universal de Derechos Humanos.
Morir buscando la vida

Dejo para los especialistas la presentación del monográfico que tiene entre sus manos sobre las evaluaciones internacionales y la mejora del sistema educativo (Págs. 14-15) y dedico el editorial de este mes, de entre los muchos temas que podría haber escogido, al que más me duele, porque no existe hoy problema humano más grave ni de mayor urgencia que la enorme fractura entre los muchos que no tienen casi nada y unos pocos que tienen casi todo1. Permítame el lector esta licencia y no espere un análisis sesudo imposible de realizar en 30 líneas… Éste ha sido otro verano sangrante y vergonzoso, en el que miles de personas han muerto buscando la vida a escasos metros de nuestras costas… Los expertos dicen que bajan las cifras de los inmigrantes que viajan por mar, pero suben la de los que mueren en el viaje. Los datos estremecen: 8.000 desaparecidos en los últimos 5 años. La marea de cayucos es ya imparable aunque cada vez son menos los que llegan a la blindadísima Canarias (desde enero hasta julio el número de llegados a las Islas ha disminuido un 20%) y cada vez hay más afluencia a lugares más alejados de África como Granada, Almería, Murcia, Alicante e incluso Ibiza, tal y como ha reconocido el Ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.
El estado de la justicia en España

De los tres poderes del Estado a los que alude Montesquieu (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) es, sin duda, este último –la justicia– el principal y fundamental como garante del Estado de Derecho. Efectivamente, para muchos teóricos es el concepto principal que estructura la vida pública, a pesar de que se ve cada vez más eclipsado por la atención global concedida a los derechos humanos (de los que próximamente nos ocuparemos en estas páginas en el número del mes de noviembre). El término justicia genera tal diversidad de análisis y de aplicaciones que pueden confundir a quienes busquen claridad y precisión en su enfoque. Por eso, el punto de arranque de este monográfico ahonda en lo que significa llamar justa o injusta a una situación, qué tipo de acciones son justas o injustas, en suma nos introduce en la necesidad de poseer una idea de justicia como valor. Pero el grueso de este especial lo ocupará el análisis del estado de la justicia en nuestro país, procurando ofrecer al lector un mapa útil en tan controvertido terreno, explorando y examinando la aplicación de la justicia en los ámbitos del derecho.
El Consejo General del Poder Judicial cifraba el pasado mes de mayo en un exhaustivo informe, que existían un total de 269.450 sentencias de lo penal que están pendientes de ser aplicadas en España. El estudio denuncia, además, que se sobrepasa la media del registro en un 21% en Madrid, en un 52,24 % en Barcelona, en un 99,62 % en Valencia, en un 82,30 % en Palma de Mallorca, en un 80 % en Bilbao y en un 40,10 % en San Sebastián. Por comunidades autónomas, la peor situación se registra en Cataluña, donde hay 56.000 sentencias pendientes de ejecutar, seguida de la Comunidad Valenciana, con 40.000 y la Comunidad de Madrid con 37.500. Y por si fuera poco, a este endémico retraso se suman errores graves que han propiciado que culpables declarados (y no presuntos culpables) estén en la calle sin que nadie se dé cuenta de ello hasta que vuelven a delinquir.
Consumo y ciudadanía

La ciudadanía no consiste únicamente en tener derechos, sino también en tener la capacidad y las oportunidades efectivas que garanticen su ejercicio.
En la actualidad hay personas que entienden que ejercer los derechos políticos de votar y ser votado o tener derechos sociales esenciales como la educación o la salud gratuitas no es tan importante para el ejercicio de la ciudadanía como la posibilidad de consumir bienes materiales, incluso cuando para tenerlos queden menoscabados los derechos políticos. Hemos convertido el espacio sociopolítico o la “ciudad”, entendida como espacio donde ejercer y disfrutar la ciudadanía, en un mercado. Ya no somos ciudadanos y ciudadanas, sino consumidores, es decir, una nueva especie con dos patas cuya finalidad fundamental en la vida consiste en ser un tragaldabas.
En una sociedad que con precisión se denomina “de consumo”, podríamos decir que consumir, o no consumir, o consumir de una determinada manera, es una forma de participar. Incluso podría decirse, en más de un sentido, que nuestra capacidad de consumir es lo que nos constituye en sujetos políticos. Esto significa que el poder ciudadano se limita al poder adquisitivo. Es decir, que quien no tiene capacidad de acceder a los objetos de consumo no es nadie, es, literalmente insignificante. Es invisible. Se diría que en la sociedad de consumo el mercado es ahora el auténtico detentador de ciudadanía.
SIDA, miedo en las venas

El 5 de junio de 1981, el centro de control de Enfermedades de Atlanta, Estados Unidos, publicó un escueto artículo de página y media en el que por primera vez se hacía referencia a una extraña enfermedad que más tarde sería conocida como Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), nada hacía presagiar que aquello era el inicio de una de las pandemias más terribles y devastadoras de la Historia de la Humanidad. En 1983 se identificó el agente causante de la enfermedad: un virus mortal que se transmitía por el intercambio de fluidos corporales y que era capaz de destruir el sistema inmunológico del ser humano anulando su capacidad de defensa ante las enfermedades.
Desde entonces hasta hoy, el virus ha causado la muerte a más de 25 millones de personas en el mundo. Y, en este momento, 34 millones padecen la enfermedad en los cinco continentes.
El SIDA no tiene cura, pero gracias a los antirretrovirales muchos expertos aseguran que se ha convertido en una enfermedad crónica como tantas otras. En el primer mundo claro está. Sin embargo, esta enfermedad dista mucho de estar resuelta; al atacar al sistema inmunológico, sistema que nos protege de las enfermedades infecciosas, perdemos toda capacidad para defendernos y sobrevivir. La peste negra, el paludismo, la viruela y otras enfermedades que han causado estragos enormemente graves entre la población a través de la historia, podían matar, pero tarde o temprano el sistema inmunitario hacía su trabajo. Por otra parte, lo más sangrante del SIDA es que pone de manifiesto hasta qué punto la producción y el mantenimiento de enfermedades en el mundo se alimenta de la pobreza. El SIDA es hoy la primera causa de mortalidad en el continente africano, donde sólo un 12% de aquellos que padecen la enfermedad tiene acceso al tratamiento y donde el VIH/SIDA incide con especial virulencia en la población comprendida entre los 15 y los 49 años, dejando tras de sí emergencias alimentarias que afectan a más de 14 millones de personas ya que han muerto más de 7 millones de agricultores y en los próximos años pueden fallecer otros 16 millones. Deja las escuelas vacías, deja a las familias destruidas (en 3 años el número niños huérfanos superará los 25 millones). Dramático rastro que está acabando con más de 50 años de desarrollo económico y social.