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¿Para qué sirve una Constitución?

Escrito por: Federico de Montalvo Jääskeläinen
Mayo - Junio 2012

Puede que al lector le sorprenda el título de este trabajo. Sin embargo, la pregunta ni pretende provocar ni creemos que esté vacía de contenido o interés.

Razones de un título

Recordemos que las Constituciones como documentos jurídicos que promueven la organización de una comunidad política, de manera que sus miembros puedan vivir bajo la tranquilidad que parece ofrecer la existencia de un marco jurídico estable de convivencia que, por un lado, proclama y garantiza los derechos sustanciales de los individuos que integran dicha comunidad, y que, por el otro, organiza los poderes bajo el principio de división y control recíproco, no es una idea nueva. La misma se inicia ya a finales del siglo XVIII (Revolución americana y francesa) y comienzos del siglo XIX (nuestra Revolución de Cádiz). Su consolidación, no obstante, se produce en el siglo XX, más concretamente, después de la Segunda Guerra Mundial, muy influida por la experiencia provocada por el nacionalsocialismo.

A partir de la segunda mitad del siglo XX se asienta la idea, hoy prácticamente indiscutida, de que no puede haber democracia, Estado democrático, sin Constitución, y ello, ha llevado a todas aquellas comunidades políticas que han transitado de regímenes autocráticos a formas democráticas a dotarse, como primera e indispensable decisión, de un texto constitucional. A este respecto, pueden recordarse las experiencias portuguesa y española en los años setenta, o, más próximamente, la experiencia de la práctica totalidad de los Estados integrantes del denominado Telón de Acero, que se han incorporado en los años noventa al movimiento constitucional, aprobando sus respectivas Constituciones. Y el mismo fenómeno observamos tras las revoluciones árabes ocurridas durante el año 2011. Los nuevos regímenes políticos que van surgiendo de las mismas se han lanzado de lleno a redactar su Constitución.

En definitiva, puede ya darse por válida la máxima de que donde no hay Constitución no puede haber democracia. Pero, ¿es dicha identificación, casi mimetización, correcta desde el punto de vista de la Teoría Política? Es decir, ¿es la democracia constitucionalismo? Y, más aún, ¿necesitamos siempre una Constitución para constituir un Estado democrático?

La paradoja de la Constitución como cauce y límite de la democracia

Si consideramos, como es tradicional, que la democracia es una doctrina política que se asienta necesariamente en el principio de la mayoría, de manera que se considera que es éste el que ha de regir las relaciones entre los ciudadanos, podremos rápidamente apreciar como tal indisoluble conexión no es tan cierta. Y ello porque precisamente el constitucionalismo nace y, sobre todo, evoluciona con la extraña paradoja de, por un lado, promover la democracia, y, por el otro, controlar a la democracia. En efecto, si bien el Estado constitucional pretende hacer efectivo en una sociedad el principio de democracia (véanse, por ejemplo, el artículo 1.1 de nuestra Constitución en el que se proclama que España se constituye en un Estado democrático, o el artículo 6 que instituye a los partidos políticos en pieza fundamental del funcionamiento del nuevo sistema político), al mismo tiempo, aspira a controlar y, incluso, limitar a la propia democracia. Y ello, porque el Estado constitucional necesita para su propia concepción de un poder que limite a la mayoría, de manera que no podremos ya afirmar que el Estado constitucional supone una doctrina fundamentada sólo en el principio de mayoría, sino también un modelo de organización basado el control y limitación de la mayoría.

Para que pueda considerarse que un Estado está dotado de una Constitución verdadera, es necesario que dicha Constitución no sólo sea una verdadera norma jurídica, no un mero documento político, sino, además, la norma suprema del ordenamiento jurídico. Sólo podrá afirmarse que un Estado concreto constituye un Estado constitucional cuando el texto aprobado como tal es considerado una norma suprema y que, como tal, sujeta a su debido cumplimiento no sólo a los ciudadanos, sino, lo que es más importante, a los poderes públicos, incluido, al poder que representa la soberanía popular, el Parlamento. Y si el Parlamento ha de quedar necesariamente sujeto a la Constitución, es decir, ha de respetar en sus decisiones a

la Constitución, deberá admitirse, como elemento indispensable en el sistema jurídico-político, la existencia de un poder contramayoritario que, según creación del jurista Kelsen, la mayoría de sistemas han denominado Tribunal Constitucional. Así pues, un Estado constitucional no sólo exige la existencia de un texto denominado habitualmente Constitución que constituya la norma suprema del ordenamiento, sino, además, la existencia en el modelo de un órgano encargado de vigilar (los americanos han denominado a dicho poder, de manera muy gráfica, watchdog) el respeto a la Constitución, sobre todo, por parte del Parlamento. Si la Constitución no está por encima de la voluntad del Parlamento, de manera que éste puede cambiar a su antojo el texto, ni existe un órgano encargado de vigilar tal respeto, no podemos afirmar que exista un Estado que merezca ser considerado como Estado constitucional.

Así pues, podemos comprobar cómo Estado democrático y Estado constitucional no coinciden exactamente, ya que, precisamente, éste ha de controlar necesariamente a aquel. O dicho con otras palabras, el Estado constitucional nace con la pretensión de vigilar y limitar a la democracia y exigir que, por encima de la voluntad de la mayoría representada en el Parlamento, se encuentre lo dispuesto en la Constitución.

Un ejemplo de esta tensión la encontramos en el reciente conflicto que hemos vivido en España con la anulación por parte del Tribunal Constitucional de varios preceptos del nuevo Estatuto de Cataluña, norma ésta que recordemos que fue aprobada no sólo por el pueblo catalán en referéndum, sino, más aún, por la mayoría del pueblo español representado en el Parlamento que dio el visto bueno al texto enviado por el Parlamento de Cataluña.

¿Cómo puede justificarse en clave jurídicopolítica que una institución integrada por doce personas que no han sido elegidos directamente por el pueblo, pueda limitar la voluntad y aspiraciones no sólo del pueblo catalán, sino también del pueblo español? ¿No estaría actuando así la Constitución como un límite a la voluntad de la mayoría de ciudadanos que han decido dotar a Cataluña de un régimen jurídico excepcional a la vista de lo previsto en la Constitución?

Cantos de sirenas y ataduras de la democracia

El noruego y profesor de la Universidad de Nueva York, John Elster, es quizás quien mejor ha explicado la paradoja a la que nos venimos refiriendo. Así, Elster se pregunta por qué una asamblea política querría abdicar de la plena soberanía, que posee en principio, y fijar límites a sus propias acciones futuras. Su respuesta se fundamenta en la necesidad que tenemos los propios ciudadanos de protegernos contra nuestra propia tendencia a actuar irreflexivamente, llevados por la pasión. Mediante la elevación del costo de la toma de decisión y fundamentalmente de la reforma de la Constitución se dificulta que los ciudadanos cedamos a nuestra propensión temporal a abdicar de nuestros valores esenciales de convivencia consagrados en el texto constitucional. Si todas las instituciones están disponibles, quienes ejerzan el poder se verán tentados de aprovechar sus puestos con fines privados.

Elster recurre a la fábula de Ulises y las sirenas para desarrollar su idea de que en las modernas democracias la Constitución actúa como norma de autoconstricción. Señala el autor que, tras comprobar que nosotros podemos ser nuestro peor enemigo, procuramos atarnos a través de la Constitución para evitar vernos tentados por los cantos de sirena (demagogia).  Las Constituciones serían, de este modo, mecanismos de precompromiso o autorrestricción, aprobadas por el pueblo con el fin de protegerse a sí mismo contra su previsible tendencia a tomar decisiones imprudentes.

Una manifestación elocuente de los efectos que una democracia sin límites puede provocar nos la ofreció el ascenso al poder del régimen nacionalsocialista. Los alemanes, llevados por cantos de sirena, fueron capaces de olvidar, durante un periodo de tiempo no precisamente corto, los derechos fundamentales de la persona.

Trasladada tal idea a nuestro ejemplo anterior, la Constitución y su fiel guardián actuarían como instrumentos indispensables que garantizan que el pueblo, una vez fijados en aquélla los valores y principios sustanciales de la convivencia, no los olvide y se deje llevar por determinados cantos de sirena. Los españoles decidimos atarnos, como la práctica totalidad de las sociedades democráticas, porque somos conscientes de que somos nuestro peor enemigo y, en determinados momentos, somos capaces de renunciar a lo que hemos considerado indispensable para una pacífica convivencia.

¿Podemos atar a nuestros hijos?

La principal crítica que se ha hecho a la doctrina de Eslter se basa en que la misma únicamente parece admisible respecto de las generaciones existentes, que libremente pueden decidir atarse, pero no para las generaciones futuras que ni han debatido ni han aprobado la Constitución. Esta objeción ya se planteó en los inicios del propio pensamiento político moderno. Así, Hume observó que existía una contradicción importante en la propia ficción del contrato social que daba fundamento a la teoría republicana, ya que ello suponía, a la postre, que los padres acabarían por anular el consentimiento no sólo de sus hijos, sino incluso de generaciones más remotas.

Esta objeción a la doctrina de Elster, es salvada por otro profesor de la Universidad de Nueva York, Stephen Holmes. Este autor coincide con Elster en que la autolimitación responde también al carácter autodestructivo de una democracia ilimitada. La Constitución es el remedio institucionalizado contra la miopía crónica que presenta la comunidad. La Constitución sería el freno, mientras que la democracia sería un caballo desbocado. Los ciudadanos necesitarían una Constitución como Ulises necesitó atarse al palo mayor.

¿Y cómo salva entonces dicha barrera generacional? El autor considera que la regla general que afirma que un individuo o una generación no puede obligar a otros encuentra una excepción básica, si junto a la herencia de la obligación se adquieren también derechos. Así, el constitucionalismo se presenta como un legado que, si bien compromete a la generación que lo recibe pero que no lo elaboró, también le aporta derechos y oportunidades. El marco constitucional sería una herencia, con sus bienes y deudas. De este modo, la generación futura no sólo recibe la atadura, sino también el marco pacífico de convivencia que supone el respeto a un texto constitucional. Así, el autor señala que “ciertamente, rara vez se pregunta a las generaciones futuras si desean aceptar un beneficio … a cambio de asumir una deuda. Pero si todos los contratos civilizados requirieran la copresencia, entonces cada generación se vería reducida a una nación separada; es decir, se vería calamitosamente privada de las ventajas resultantes de la cooperación a través del tiempo y en que los asociados, en principio, no pueden enfrentarse unos a otros”.

El consentimiento tácito es, por lo tanto, fundamental para la propia sociedad civil. Lo contrario supone negar la propia realidad de la decisión política que debiera fundamentarse esencialmente en el logro de la justicia y la solidaridad, no sólo hacia el presente inmediato, sino hacia el futuro. Si cada generación ha de actuar de manera independiente, la generación actual no decidirá más allá de su mera extinción ¿Cuál será entonces el fundamento de todas esas políticas que aspiran a trascender a la generación que las crea sobre la base de que se fundamentan en un principio de justicia que trasciende a los ciudadanos que lo impulsa y que se considera ligado a la condición de ser humano? ¿Tendría entonces sentido diseñar políticas sociales o, más concretamente, medioambientales, si no podemos vincular con ellas a las generaciones futuras?

Por otro lado, Holmes considera, además, que las ataduras promueven libertades. Así, si podemos dar por sentados ciertos procedimientos e instituciones establecidas en el pasado, podremos alcanzar nuestros actuales objetivos mejor de lo que podríamos lograrlo si estuviésemos siendo constantemente distraídos por la necesidad recurrente de establecer un marco básico para la vida política. Una Constitución heredada posibilita y estabiliza la democracia. La generación futura se libera de la compleja tarea que supone el constante debate generacional de renovación del texto constitucional. El precompromiso no esclaviza, sino que libera a las generaciones futuras.

La constitución como garantía de la minoría

El último argumento que se ha expresado en defensa de la paradoja a la que nos venimos refiriendo, ha sido el de la necesaria protección de las minorías en una sociedad democrática. Así, fundamentar un modelo político única y exclusivamente en el principio de la mayoría supone, a la postre, permitir que la mayoría pueda oprimir, una vez en el poder, a la minoría.

¿Cómo va a respetar una minoría el pacto constitucional que, supone, ceder las decisiones políticas al principio de la mayoría, si no tiene garantizados determinados principios, valores y derechos? Será pues, la Constitución, la que actúe como instrumento garantizador de que la mayoría no actuará en contra de la minoría, quedando, al menos, fuera del ámbito de decisión de la mayoría y, por tanto, garantizados en todo caso, los principios, valores y derechos consagrados en la Constitución.

En las democracias pluralistas el deber de la Constitución es asegurar las condiciones necesarias para el mantenimiento o el desarrollo de la libertad individual y del pluralismo de los grupos sociales y políticos, que representan las categorías a priori de la democracia, esto es, las condiciones sin las cuales la democracia pluralista no puede darse, ni funcionar. Por ello, la seguridad de la minoría es un bien común, tanto para la propia minoría como para la mayoría y, por ende, para la democracia.

Contra los abusos

Contestando a la pregunta que nos hemos hecho en el título, una Constitución sirve, sustancialmente, como mecanismo de protección contra la tendencia del pueblo a dejarse llevar, en determinadas situaciones, por las pasiones y, también, se muestra útil contra los abusos y excesos de la mayoría.

Y si bien es cierto que el control de constitucionalidad de las leyes, es decir, el control del Tribunal Constitucional sobre el Parlamento que exige el Estado constitucional provoca ciertas distorsiones en el principio de democracia, creemos que, en todo caso, es la única alternativa posible.

Además, la postura alternativa que pasaría por aceptar la supremacía del legislador como intérprete máximo de la Constitución en defensa de la superioridad moral del principio de mayoría provoca necesariamente no sólo un debilitamiento de la eficacia normativa de la Constitución, sino, más aún, su propia razón de ser. El valor simbólico que ostenta la Constitución como documento en el que se consagran los mínimos de convivencia de la comunidad y que nace con la vocación de reglar por un tiempo prolongado la convivencia es incompatible con un texto que quede en las manos de la mayoría gobernante. Si los valores que consagra el texto constitucional no son creados por obra de la misma, sino que trascienden a su mera positivización, siendo reglas mínimas de convivencia que alcanza a crear la razón, cómo podemos entonces dejar dichos valores en manos de la mayoría política.

En todo caso, también es cierto que la labor a desempeñar por el Tribunal Constitucional en esta tensión entre democracia y constitucionalismo debe ser prudente y proporcional, no olvidando que su posición no responde a la decisión óptima, sino a la solución menos negativa de las posibles. ©


Federico de Montalvo Jääskeläinen

Profesor propio adjunto, Derecho Constitucional. Facultad de Derecho (ICADE), Universidad Pontífica Comillas.


 

 

¿La Constitución de todos?

¿La Constitución de todos?

Retos del modelo autonómico en la Constitución, el derecho a la educación, al trabajo y a la sanidad, iglesia y religión en las constituciones españolas, en definitiva, a propósito del bicentenario de la Constitución de 1812, llamada popularmente "La Pepa", Crítica hace un repaso a lo que supone y representa el texto constitucional.


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