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Sociedad civil y compromiso político

Escrito por: Alberto Priego
Mayo - Junio 2012

La creación del Estado es un proceso de concentración del poder en una persona que en términos reales se denominó Rey o Monarca y que en términos filosóficos identificamos con ese monstruo bíblico del Leviatán. El paso de la lucha del todos a todos contra el Leviatán es pasar de la Edad Media a la Moderna. Por ello, tras la creación de los grandes Estados en Europa llegaron los procesos revolucionarios que buscaron limitar a ese monstruo que habíamos creado para evitar el “todos contra todos”.

El necesario control del Estado

Desde las grandes revoluciones del XVIII y del XX hasta la actualidad vivimos un proceso de control al Estado que ha generado dos tipos de límites: los exógenos y los endógenos.

A) Los ENDÓGENOS serían aquellos que, desde dentro, buscan dividir el poder o esa capacidad que cedimos en su momento al Leviatán. Como límites exógenos caben ser destacados dos:

I) Los Horizontales o división tradicional de poderes. El concepto de división de poderes en ejecutivo, legislativa y judicial ha sido tratada por autores como Locke o Montesquieu y en la actualidad es fuente de críticas sobre todo en lo regímenes parlamentarios.

II) Los Verticales o división tradicional de poderes. La fragmentación vertical de poderes es un concepto vinculado a los Estados no centralizados ya sean federados, confederados o alguna vía intermedia. En estos casos el gobierno central ve limitada su capacidad de actuación por un reparto vertical de las competencias del Estado siendo de especial utilidad cuando existen distintos colores políticos en los distintos niveles.

B) Los EXÓGENOS serían aquellos que tratan de limitar los campos de actuación del Leviatán, es decir, del Estado. Podemos distinguir nuevamente dos:

I) Las Declaraciones de Derecho son de vital importancia para que los Estados sean democráticos ya que representa esas esferas que deben ser respetadas.

II) Las Cuerpos intermedios o Sociedad Civil que limitan la acción del Estado mediante la petición de demandas y mediante la crítica contra aquellas cuestiones que no son del agrado.

El Concepto de Sociedad Civil

Desde los griegos hasta hoy el hombre ha buscado establecer una relación adecuada con su gobierno limitando en su caso su acción o elevando peticiones ante él. Sin embargo, a menudo nos encontramos con que el ciudadano no es capaz de articular esas demandas por su pequeñez frente al Estado y por ello necesita de algún cuerpo o institución en que delegar esa función. Esta función la encontramos en la obra de Tocqueville quien tras visitar ese nuevo Estado que se erigía al otro lado del Atlántico plasmó una realidad que servía al mismo tiempo de portavoz y defensor de los ciudadanos. Había nacido el germen de las Sociedades Civiles algo que es intrínsecamente necesario para poder hablar de democracia hasta el punto de que Juan José Linz lo considera como uno de los cinco criterios necesarios para hablar de Democracia Consolidada.

Hoy tenemos dos grandes concepciones sobre el significado de Sociedad Civil. Por un lado, tenemos los defensores de la línea de la “Sociedad Civil Alternativa” -iniciada con Habermas y desarrollada por Howell y Pierce- que aglutina dentro del mismo concepto tanto a instituciones como a movimientos sociales. Por otro lado, la concepción más liberal que nace del mismo Tocqueville y que hoy estaría representada por autores como Putnam, Manor, o White de quienes obtenemos la definición más acertada sobre sociedad civil.

“Cuerpo intermedio situado entre el estado y las familias compuesto por grupos organizados o asociaciones separadas del estado, que gozan de cierta autonomía respecto del mismo y que se han formado de forma voluntaria para defender sus intereses”

Así podemos establecer cuatro criterios necesarios que deben cumplirse para poder hablar de sociedad civil:
a) Grupos organizados
b) Autónomos del Estado
c) Creados de forma voluntaria
d) Para defender los intereses de los ciudadanos.

De esta forma, podemos afirmar que agrupaciones como los sindicatos, las organizaciones religiosas, las organizaciones no gubernamentales, la patronal, los lobbies, los think tank etc… todos forman parte de esa red que denominamos Sociedad Civil. Estos grupos tienen fundamentales dos funciones:

a) Encauzar las demandas de la población de forma que lleguen a los centros de toma de decisiones. Por lo tanto, tratan de aglutinar el conjunto de voluntades individuales y las convierte en otras de carácter colectivo.

b) Limitar a los gobiernos en sus acciones ya que buscan frenar a la autoridad cuando esta va contra los intereses de ese grupo al que representa.

Así la población podrá elevar sus demandas, sus peticiones, sus inquietudes al gobierno a través de los canales que le ofrece la sociedad civil ya se llamen sindicatos, empresarios, organizaciones de carácter religioso etc… La sociedad civil debe ser por lo tanto la correa de trasmisión entre la población y el gobierno y por otro lado deberá proteger los intereses de los grupos sociales cuyas voluntades representa.

La Sociedad Civil en España

España, como país con una herencia autoritaria, sufre una importante carencia en el campo de la sociedad civil. Aunque cada vez más podemos ver que emergen organizaciones de carácter civil, todavía siguen presentes dos importantes virus. El primero de ellos es la escasez de tradición asociacionista y el segundo la falta de autonomía de estos entes. Si nos fijamos en uno de los cuerpos intermedios con mayor presencia en la sociedad española, los sindicatos, vemos que sufre ambos males. Por un lado, el índice de afiliación está entre los más bajos de Europa (15.7%) sólo superado por Francia, Estonia y Lituania. Por otro lado, no podemos hablar de cuerpos autónomos y mucho menos independientes ya que buena parte de la financiación procede del Estado lo que dista mucho del modelo ideal de sociedad civil. Estos dos problemas son también identificables en otros actores de la sociedad civil como los partidos políticos o las organizaciones no gubernamentales.

Cabe preguntarse por qué las entidades que componen la sociedad civil sufre estos males. Muchos son los factores que podríamos señalar como principal causa de ese pero quizás podríamos resumirlo en los tres siguientes:

a) Factores de carácter cultural. La cultura política nos marca las relaciones entre el gobierno y los ciudadanos sobre todo como afectan las decisiones del gobierno a la población y como se puede influir en el primero. Uno de los problemas que sufre España es la convivencia de diferentes culturas políticas. Si bien es cierto que en algunos sectores de la sociedad encontramos culturas políticas más avanzadas como la cívica o la postmoderna, todavía encontramos importantes sectores de la población con una cultura política de siervo o de parroquia. La diferencia entre estos tipos de culturas políticas está en la edad ya que es entre los jóvenes donde encontramos las tasas de participación más elevadas (37% según INJUVE) y por ende culturas políticas más avanzadas.

b) Factores de carácter histórico. Como consecuencia de la historia reciente, la sociedad española adolece de una confianza excesiva en el sector público. Aunque poco a poco emergen entidades privadas en los principales sectores de la sociedad, el peso del Estado sigue siendo muy elevado. La razón no es otra que la herencia del Régimen Autoritario –que podríamos calificar como Burocrático Militar– donde la población no participaba en las decisiones políticas y sobre todo no las cuestionaba. Los actores encargados de hacer de correa de transmisión entre la población y el gobierno formaban parte del propio régimen siendo el mejor ejemplo el Sindicato Vertical.

c) Factores de carácter jurídico-institucional. El régimen franquista preparó un aparato jurídico institucional para limitar a la sociedad civil. Como ejemplo la la ley que regulaba “las asociaciones” (Ley 191/1964) que exigía el control preventivo lo que a largo plazo ha provocado que el asociacionismo en España sea limitado. De hecho, la creación del Registro de Asociaciones Políticas fue uno de los grandes logros de Adolfo Suárez para la democratización de España.

Incluso hoy, dentro del marco jurídico constitucional tampoco encontramos muchos espacios para la sociedad civil. La llegada de la democracia no ha propiciado una proliferación de fundaciones, organizaciones u otras entidades que puedan actuar como catalizadores de las demandas de la población o limitadores de las acciones del gobierno. De hecho, buena parte de las entidades de la sociedad civil española sufren problemas -como la falta de independencia o la dependencia de la financiación pública- que ya se apreciaban durante el régimen franquista y eso provoca que las quejas de la población no se canalicen de forma adecuada y acaben en manifestación.

Por ello, hoy los denominados representantes sociales de los ciudadanos o bien no gozan de la credibilidad necesaria o simplemente no existen.

A nivel jurídico la Constitución nos brinda algunos artículos que bien podrían haber sido el germen de una sociedad civil pero que se han visto frenados por la herencia franquista. Podemos hablar del Derecho de Asociación (art. 22 CE, Ley 1/2002) de los partidos políticos (Art. 6 CE, y Ley Orgánica 2002/6) de los sindicatos (Art 7 y 28 CE) de las confesiones religiosas (Art 16 CE) o de las asociaciones de consumidores (Art 51 CE).

Mención especial merece la ausencia de regulación de los grupos de presión. Uno de los padres de la Constitución, Manuel Fraga, propuso incluir en el art. 77 dos apartados extra (77.3 y 77.4) con la idea de regular los “lobbies”. Esta iniciativa, junto con otra similar propuesta por el CDS en 1992, fue rechazada de forma taxativa.

Sin embargo, otros entes regulados –como sindicatos, ONGs o fundaciones– no han alcanzado el desarrollo necesario para hablar de sociedad civil activa y crítica. Así cada vez que la población tiene que mostrar su disconformidad con alguna decisión gubernamental o desea canalizar su opinión al carecer de estos cuerpo intermedios que componen la sociedad civil, la población tiene que recurrir a la manifestación

En buena medida la cultura política, el contexto jurídico-institucional inadecuado y sobre todo la herencia de un régimen burocrático y corporativo han provocado que España, aun hoy, necesite de una sociedad civil madura para que pueda ser considerados como una democracia consolidada. ©


Alberto Priego

Universidad P. Comillas


 

 

¿La Constitución de todos?

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Retos del modelo autonómico en la Constitución, el derecho a la educación, al trabajo y a la sanidad, iglesia y religión en las constituciones españolas, en definitiva, a propósito del bicentenario de la Constitución de 1812, llamada popularmente "La Pepa", Crítica hace un repaso a lo que supone y representa el texto constitucional.


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