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Mujer y Constitución Española

Escrito por: Mª Luisa Balaguer
Mayo - Junio 2012

Se dice con cierta frecuencia que la Constitución Española de 1978 fue la Constitución del consenso, en la medida en que vino a romper una importante, aunque no positiva, tradición en la Historia de España, que consistía en cambiar de Norma Fundamental cada vez que cambiaba el signo político de un Gobierno.

Ciertamente, nuestra actual Constitución, vigente desde 1978, solamente ha tenido dos reformas constitucionales muy puntuales, al hilo de las exigencias de nuestra integración en la Comunidad Europea, en la primera de ellas, y de manera también indirectamente relacionada con el ámbito europeo, al introducir la exigencia de unas limitaciones presupuestarias a desarrollar por una futura ley.

Es verdad que el consenso político ha sido muy fructífero e importante en materia constitucional. Permitió abordar con cierta solvencia problemas muy antiguos de nuestra distribución territorial del Estado, de reconocimiento de los derechos fundamentales, o de creación de instituciones de progreso para el Estado. Los derechos de huelga y negociación colectiva, o los de la libertad de expresión, llevan a la consideración de que nuestra Constitución es progresista y avanzada, pero si tuviéramos que hacer un análisis de urgencia acerca de lo que significa en relación con los derechos de la mujer, no hay ningún precepto concreto y directo que nos permita concluir que ha tenido en cuenta las aspiraciones que dejaron establecidas los colectivos de mujeres en el proceso constituyente. Ningún precepto que reconozca, directamente, el retraso histórico de la mujer en España con respecto a los hombres, su reconocida discriminación de trato y de derecho, y sus menores posibilidades de calidad de vida, desarrollo personal e igualdad.

Escaso compromiso con algunas aspiraciones de la mujer

En la transición política en España, los movimientos asociativos de mujeres demandaban de los partidos políticos de izquierdas una igualdad de derechos con los hombres. Las reivindicaciones iban desde el plano teórico, (consideración de una igualdad que no necesitaba justificación desde la propia condición humana), hasta el práctico que hacía referencia a la necesidad de modificar el ordenamiento jurídico en todos sus órdenes, (laboral, penal, civil), para que las mujeres no estuviesen supeditadas a los hombres en el matrimonio, en sus negocios jurídicos, o en el trabajo y su salario. Las peticiones de derechos como los del aborto, por considerar que tenían derecho a su propio cuerpo; o al divorcio por perjudicarlas de hecho el no poder divorciarse más que a los hombres (que gozaban de permisividad en este campo); o a la igualdad de trato entre hijos legítimos o ilegítimos, que también de manera indirecta las afectaba.

De todas las aspiraciones de estos grupos, la Constitución concedió una relativa satisfacción a algunos de ellos, como la igualdad de los cónyuges, o la equiparación entre los hijos legítimos o ilegítimos, pero en otros su posición ambigua y genérica aun nos trae algunas consecuencias, como por ejemplo, la del derecho a la vida reconocido en el art. 15 con la posibilidad de regular posteriormente el derecho al aborto.

Hasta el cambio generacional

En otro importante núcleo de derechos, la Constitución ni siquiera tomo en cuenta las reivindicaciones de los derechos de las mujeres, pos datando a leyes el reconocimiento de los derechos. Como por otra parte, el ordenamiento jurídico legal, a la entrada en vigor de la Constitución permaneció en un principio intacto, siguieron en vigor todas aquellas que regulaban la desigualdad entre mujeres y hombres, en los distintos órdenes jurisdiccionales. Hubo de estarse a la depuración del ordenamiento jurídico en la fase de aplicación normativa por parte de jueces y tribunales, así como por parte del Tribunal Constitucional. Naturalmente, hasta que hubo un cambio generacional en la judicatura española, los jueces seguían aplicando las normas en la jurisdicción ordinaria sin tener en cuenta la Constitución más que como principios generales del derecho que inspiraban la interpretación judicial. Así lo entendió el propio Tribunal Supremo en las primeras sentencias de los años 1979 y 1980. Al constituirse el Tribunal Constitucional y declarar con rotundidad que la Constitución era una norma de aplicación directa en materia de derechos fundamentales, la jurisprudencia hubo de cambiar, si bien, la jurisdicción ordinaria en este caso adopto de forma más o menos mimética la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, sin implicar por si misma las leyes anteriores a la Constitución que presumiblemente hubieran devenido inconstitucionales. A menudo se planteaban cuestiones de inconstitucionalidad para requerir del Tribunal Constitucional una sentencia que clarificara la constitucionalidad de alguna norma, pero durante bastantes años, no se solía hacer de manera directa.

Una función depuradora

Con todo, la función depuradora del Tribunal Constitucional consiguió en bastantes casos importantes, declarar inconstitucionales numerosos preceptos de derecho civil matrimonial o filial, y en derecho laboral, la readmisión de algunas mujeres que se habían visto obligadas a pedir excedencia forzosa por contraer matrimonio, y pudieron ser incorporadas a sus empresas nuevamente, al menos en sus derechos pasivos, pues lógicamente el transcurso del tiempo les impedía por su edad volver al trabajo.

El hecho de que la Constitución no haya sido retroactiva en cuanto al ejercicio de los derechos, y de que además por la interpretación que se dio a la prescripción, algunas mujeres cuando demandaron lo habían hecho ya fuera del plazo de los tres años después de entrar en vigor la Constitución, impidió de hecho que se pudieran restablecer muchas situaciones injustas, pero siquiera de manera testimonial sí puede decirse que en algunos casos fue posible hacerlo.

Un desarrollo constitucional positivo

Dicho esto, lo importante, desde el punto de vista actual, es que nos preguntemos si el desarrollo constitucional, vía legal y jurisprudencial, ha facilitado el camino hacia la igualdad de las mujeres en relación con los hombres, y como se ha construido esa  igualdad en estas más de tres décadas, desde que se produce la entrada en vigor de nuestra norma fundamental. Y desde este punto de vista, la respuesta es necesariamente afirmativa, porque el marco constitucional ha permitido que, dentro de las posibilidades que permite la acción conjunta del art. 14 y el pf. segundo del art. 9, se pueda avanzar en un proceso de creación normativa que permite concluir en la idea de que no hay ya, desde un punto de vista legislativo, discriminación alguna de los derechos de la mujer.

La ley de erradicación de violencia de género y la ley de igualdad

En primer lugar, la LO 1/2004, de erradicación de la violencia de género, fruto de una fuerte reivindicación feminista que, desde la década de los noventa, fue generando un estado de opinión acerca de una ley específica que tratara el problema de la violencia contra las mujeres, en un momento en el que había crecido con especial virulencia el número de delitos generados por actos de violencia, muchos de los cuales tenían resultado de muerte. Numerosas manifestaciones producidas cada vez que había una muerte a manos de maridos o parejas, en las que se pedía una legislación especial para tratar estos tipos penales, tuvieron como consecuencia un compromiso electoral del Partido Socialista, que una vez alcanzado el poder, cumplió esa promesa electoral con su primer ley orgánica dedicada a la erradicación de la violencia contra las mujeres.

Posteriormente, y en el último tramo de esa misma legislatura, se aprobó la LO 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. En esta ley se ponen de manifiesto todas aquellas cuestiones incumbentes a la mujer en relación con la igualdad laboral, educacional, civil y política. Y se regulan de manera detallada todas estas cuestiones: la igualdad laboral, creando unas condiciones legales de aplicación judicial inmediata cuando se produce un acoso laboral, un acoso sexual, o una discriminación por razón de la maternidad. En todos esos casos, se prevé la readmisión a voluntad de la trabajadora, con indemnizaciones suplementarias por las hipotéticas lesiones morales producidas, y con una inversión de la carga de la prueba, que viene a significar que ante la dificultad probatoria de la mujer, será la empresa la que deberá probar que no la ha discriminado.

En segundo lugar, la transversalidad de género, figura que representa la necesidad de que toda norma jurídica, con extensión a los Planes del Gobierno, deberá llevar antes de su aprobación, un análisis de impacto de género, es decir, de las consecuencias de esa norma en orden al avance de los derechos de igualdad de las mujeres.

En tercer lugar, lo que se ha conocido como democracia paritaria, es decir, la obligación por parte de los partidos políticos, de integrar a mujeres en las listas electorales, de manera que en ningún caso puede aprobarse una lista electoral que no mantenga una representación equilibrada, considerando como tal, un porcentaje del 60-40 por ciento de cada género.

Finalmente, es muy importante en esta ley, la creación de órganos específicos de representación de las mujeres. Se crea el Consejo de la Mujer, que pretende ser un órgano de defensa de las políticas de igualdad, y la figura de las Unidades de Igualdad, que se puede considerar como la presencia de la mujer en cada Administración del Estado, con funciones de defensa de la igualdad de género.

Esta ley fue recurrida de inconstitucionalidad, fundamentalmente por el tema de la democracia paritaria. Por parte del Partido Popular se considero en todo momento que la ley era inconstitucional porque limitaba los derechos de participación política, pero el Tribunal Constitucional desestimó el recurso, considerando que no era inconstitucional una lista electoral que exigiera un equilibrio de género.

Desde las comunidades autónomas

Además de estas dos leyes estatales, desde las Comunidades Autónomas se ha legislado mucho en relación con los derechos de igualdad de la mujer. En algunas incluso con anterioridad a las leyes estatales, ya legislaron listas paritarias en el ámbito de su propia Comunidad Autónoma, que fueron también todas ellas recurridas de inconstitucionalidad. En algunos casos se desistió de los recursos, al cambio del signo político del Gobierno de 2004, y en otros, el Tribunal Constitucional dictó sentencia desestimando los recursos y confirmando la plena constitucionalidad de lo que se llamó el sistema de cuotas.

Una importante evolución

Al mismo tiempo que las leyes, la aplicación judicial de las normas jurídicas ha producido una importante evolución en materia de igualdad de género, sobre todo en temas como el de la maternidad, que se puede considerar hoy como el mayor problema que las mujeres tienen para progresar en el mundo laboral. Mientras no se desarrolle un sistema productivo que tenga en cuenta la maternidad, las mujeres han de dedicar a la crianza de sus hijos e hijas un tiempo que los hombres utilizan laboralmente para crear distancia y romper el ciclo de la igualdad.

La única solución en este problema está en la conciliación de la vida personal y familiar. Los poderes públicos tienen que crear las condiciones para que se lleve a cabo esa conciliación, porque de no ser así, el avance de la igualdad de las mujeres en un tramo muy importante de su desarrollo personal va a seguir mediatizado por la maternidad, o las mujeres se verán obligadas a renunciar a ella, para conseguir sus objetivos profesionales. Esto implica una consideración mayor a los permisos parentales, y una flexibilidad horaria que permita, tanto a mujeres como a hombres, la posibilidad de prestar sus servicios de manera compatible con las exigencias familiares.©


Mª Luisa Balaguer

Catedrática de Derecho Constitucional.
Departamento de Derecho del Estado y Socióloga. Area de Conocimiento de Derecho Constitucional.
Facultad de Derecho. Málaga.

 

¿La Constitución de todos?

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Retos del modelo autonómico en la Constitución, el derecho a la educación, al trabajo y a la sanidad, iglesia y religión en las constituciones españolas, en definitiva, a propósito del bicentenario de la Constitución de 1812, llamada popularmente "La Pepa", Crítica hace un repaso a lo que supone y representa el texto constitucional.


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