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El derecho a la educación en la Constitución Española

Escrito por: Belén Urosa Sanz
Mayo - Junio 2012

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948, su artículo 26 reconocía el derecho a la educación de todas las personas, la gratuidad y obligatoriedad en los niveles elementales, la igualdad de oportunidades en el acceso a los estudios superiores, el derecho de los padres a escoger el tipo de educación de sus hijos y concretaba el objetivo de la misma como el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Esta Declaración fue el punto de partida de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados encargada de elaborar la Constitución de 1978, para desarrollar el artículo sobre el derecho a la educación.

El artículo, relativo a la educación en la Carta Magna, fue sin duda uno de los que levantó más fricciones y discusiones entre los miembros de la Comisión y el que recibió el mayor número de enmiendas antes de su aprobación1. Las dos posiciones enfrentadas discutieron por el difícil equilibrio entre el derecho a la educación y a la libertad de enseñanza. El resultado del complicado consenso fue un artículo que atendía y aumentaba ambos derechos, reconociendo otros en conexión con ellos con el objetivo de garantizar la educación para todos los ciudadanos y preservar el pluralismo educativo. La redacción final fue la siguiente:

Artículo 27

1.Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.

2.La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.

3.Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

4.La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.

5.Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes.

6.Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la Ley establezca.

7.Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la Ley establezca.

8.Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes.

9.Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la Ley establezca.

10.Se reconoce la autonomía de las Universidades en los términos que la Ley establezca.

El derecho a la educación para todos (art. 27.1) viene asegurado por la obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza básica (art. 27.4), así como por la obligación de los poderes públicos de garantizar un puesto escolar gratuito en estos niveles a través de la programación general de la enseñanza (art. 27.5).

La libertad de enseñanza (art. 27.1), junto con el derecho de los padres a elegir la formación religiosa y moral que consideren más adecuada para sus hijos (art. 27.3) y la libertad de creación de centros sostenidos con fondos públicos a personas físicas y jurídicas (art. 27.6), permiten la existencia de opciones educativas plurales.

Por otro lado, la Constitución establece los canales para preservar la calidad de los centros reservando a los poderes públicos la inspección y homologación del sistema educativo (art. 27.8), propiciando la participación en el control y gestión de los centros sostenidos con fondos públicos, de profesores, padres y alumnos (art. 27.7) y ayudando a los centros docentes (art. 27.9).

Por último, y parece que un tanto desligado del resto del artículo sobre educación, se reconoce la autonomía de las Universidades (art. 27.10). La ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, entiende este autonomía como autonomía para fijar sus propios estatutos y en el funcionamiento orgánico, funcional y financiero. En otros artículos de la Constitución se reconocen otros derechos que están plenamente relacionados con la enseñanza y que han sido fuente de debate desde su aprobación: el derecho a la libertad de cátedra (art. 20.1.c), de investigación y estudio (art. 20.1.b y d) y a la libertad ideológica y religiosa (art. 14 y 16).

Duros enfrentamientos

Tras la aprobación de la Constitución, los debates sobre los modelos educativos que representan ideologías más de izquierdas o más conservadoras han estado permanentemente activos en las Cortes Generales en la elaboración de cualquier legislación educativa. Tanto es así que las sucesivas normas reguladoras no han estado exentas de duros enfrentamientos en su elaboración y de posteriores modificaciones, derogaciones e incluso en algunos casos impugnaciones ante el Tribunal Constitucional. Así las Cortes Generales desde 1978 han aprobado seis Leyes Orgánicas relativas a educación: Ley Orgánica 5/1980 del Estatuto de los Centros Docentes (LOECE), Ley Orgánica 8/1985 del Derecho a la Educación (LODE), Ley Orgánica 1/1990 de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), Ley Orgánica 9/1995 de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los Centros Docentes (LOPEGCE), Ley Orgánica 10/2002 de Calidad de la Educación (LOCE) y Ley Orgánica 2/2006 de Educación (LOE) y tres específicas sobre Universidades: Ley Orgánica 11/1983 de Reforma Universitaria (LRU), Ley Orgánica 6/2001 de Universidades (LOU) y Ley Orgánica 4/2007 de Modificación de la Ley de Universidades (LOMLOU).

La Constitución y sus posteriores desarrollos legislativos han permitido extender la educación de forma obligatoria y gratuita en los niveles básicos. El Estado y las Comunidades Autónomas a través de la red dual de centros educativos sustentados con fondos públicos que existe en España (centros públicos y centros privados concertados) han podido prestar este servicio público asegurando un puesto escolar gratuito en los niveles elementales a todos los ciudadanos (españoles y extranjeros) 2. Sin la existencia de esta red mixta sería imposible garantizar la existencia de suficientes puestos escolares de estas características, sin aumentar de forma desorbitada el gasto público al verse obligados a crear un número muy elevado de centros públicos y a dotarlos de los recursos materiales y humanos necesarios para poder desarrollar una enseñanza de calidad.

Centros públicos y privados

La libertad de creación de centros sufragados con fondos públicos, ha permitido la existencia de centros de titularidad privada que permiten a su vez asegurar la libertad de enseñanza. Estos centros pueden tener ideario propio con los límites que la propia Constitución marca de respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales y la obligación de respetar el derecho que los alumnos tienen a recibir una enseñanza científicamente correcta. Estos centros tienen derecho a expresar ciertas convicciones ideológicas o religiosas presentes en su ideario, respetando la libertad de conciencia de sus alumnos, no estando por tanto estos obligados a adherirse al ideario pero sí a respetarlo. Los profesores de dichos centros mantienen su derecho a la libertad de cátedra3 y también deben respetar el ideario del centro.

Por su lado los padres ejercen el derecho a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones eligiendo entre un centro concertado en función de su ideario o bien escogiendo la enseñanza de la religión en un centro público.

Más allá de los niveles obligatorios

El derecho a la educación se extiende más allá de los niveles obligatorios4, aunque no así su gratuidad ni obligatoriedad. El Estado y las Comunidades Autónomas han intentado mantener este derecho a través de una oferta de puestos escolares en el nivel de educación secundaria no obligatoria en Institutos públicos, el aumento de centros privados con conciertos para este nivel y la garantía de la igualdad de oportunidades en el acceso a la universidad por razones de aptitudes y méritos, subvencionando el puesto escolar de tal manera que no se restrinja la oportunidad en función de la situación económica del candidato en la red de universidades públicas.

El Estado y las Comunidades Autónomas han priorizado la línea de creación de universidades públicas, en sus diferentes territorios, por encima del apoyo con fondos públicos a la red de universidades privadas para garantizar este servicio público. En España, la red de universidades privadas, y por tanto la libertad de enseñanza en este nivel educativo, se mantiene a través de las matriculas de los alumnos, independientemente de si estas tienen o no ánimo de lucro, limitándose por tanto el derecho de elección de centro.

Los puntos de fricción vienen derivados de modelos educativos que aparentemente parecen ideológicamente irreconciliables y que posicionan a la clase política en planteamientos poco flexibles de cara al consenso y al acuerdo sobre la legislación educativa:

1. Unos piensan que el servicio público educativo debe prestarse a través de la red de centros educativos y universidades públicas, como única manera de garantizar la equidad e igualdad de oportunidades, permitiendo el acceso a una educación de calidad gratuita y obligatoria (al menos en los niveles elementales) y subvencionada en los no elementales y universitarios a todos los ciudadanos. Creen que esta es la única manera de asegurar una red de centros públicos de calidad que garanticen el derecho de todos a la educación.

2. Los otros piensan que es necesario que exista una oferta plural de centros educativos sustentados con fondos públicos que permita una verdadera libertad en la elección de centros y que garantice la libertad de enseñanza. La existencia de centros de titularidad no estatal con diferentes modelos educativos de formación con carácter propio es la única manera, a su juicio, de garantizar a los padres la elección del centro que más se adecúe a sus convicciones morales y religiosas.

Superar los enfrentamientos ideológicos

La realidad es que estos años de mantenimiento del difícil equilibrio consensuado en la Constitución entre el derecho a la educación y la libertad de enseñanza, ha asegurado el acceso a la educación elemental a todos, pero no ha conseguido elevar los niveles de calidad de la educación hasta donde sería deseable. Ni tampoco ha hecho que exista una verdadera elección de centros por parte de los padres.

Los datos estadísticos de la evaluación anual del sistema educativo señalan que actualmente los centros públicos soportan mayores tasas de inmigrantes, alumnos con necesidades educativas especiales, con programas de diversificación y refuerzo y tienen mayores tasas de fracaso y abandono escolar. Aunque tienen un menor número de alumnos por clase, mejores ratios profesor/alumno y sus profesores reciben mejores sueldos. Los resultados en cuanto a promoción a niveles no obligatorios de formación y los índices generales de fracaso y abandono no son buenos si nos comparamos con los países de nuestro entorno. Quizás sea hora de dejar de centrar únicamente los esfuerzos en la dicotomía público-privado y de que atendamos a la mejora de los resultados generales del sistema educativo.

Es preciso llegar a un pacto educativo que supere los enfrentamientos ideológicos en educación y que lleve a la mejora general de la educación de los ciudadanos, asegurando la equidad a través de la garantía del derecho a la educación con una oferta gratuita de puestos escolares utilizando la red mixta de centros, del reparto adecuado de fondos públicos en centros públicos y concertados que les permitan tener los recursos humanos y materiales necesarios, del reparto del alumnado que precisa de mayor atención, del mantenimiento de la libertad de enseñanza a través de la existencia de pluralidad de centros, asegurando a los padres el que sus hijos se eduquen en las convicciones morales y religiosas de su elección, el que pueda existir una adecuada inspección educativa que junto a la participación activa de la comunidad escolar permita controlar la calidad de la formación.

Que mantenga en definitiva viva la voluntad de consenso recogida en la Constitución de hacer que la educación sea uno de los motores fundamentales de avance de la sociedad en España. ©

NOTAS
1. Hernández Beltrán, J.C. (2008). “La educación en la Constitución española de 1978. Debates parlamentarios”. Foro de Educación, 10, 23-56.
2. Artículo 9 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
3. Entendida como derecho a la difusión de ideas y opiniones que asume como propias sobre la materia que imparte y entiende como más acordes con la verdad científica, respetando los contenidos del currículo establecido, según los programas aprobados por el centro y respetando la libertad de conciencia de sus alumnos.
4. Artículo 1.2 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación.


Belén Urosa Sanz

Decana de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Universidad P. Comillas


 

 

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Retos del modelo autonómico en la Constitución, el derecho a la educación, al trabajo y a la sanidad, iglesia y religión en las constituciones españolas, en definitiva, a propósito del bicentenario de la Constitución de 1812, llamada popularmente "La Pepa", Crítica hace un repaso a lo que supone y representa el texto constitucional.


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