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El derecho al trabajo en la Constitución Española

Escrito por: Mª José López Álvarez
Mayo - Junio 2012

El art. 35 de la Constitución española de 1978 reconoce a los españoles “el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo”.

Hoy más que nunca, con una cifra de desempleados que ronda los cinco millones y una crisis que no acaba de tocar fondo, las proclamas del texto constitucional no dejan de suscitar cierta perplejidad y no parecen sino declaraciones bienintencionadas, retóricas, pero en todo caso alejadas dolorosamente de la realidad. Es cierto, además, que el art. 35 es uno de esos preceptos de la Constitución sobre los que se tiende a pasar de puntillas y, a diferencia del protagonismo que han ido cobrando otras previsiones como el derecho a la igualdad del art. 14, es infrecuente encontrarlo en boca de políticos o mencionado en cualquier ámbito de la vida pública.

Y, sin embargo, pese a este olvido interesado, existen distintos motivos para pensar que las declaraciones del art. 35 CE nunca se plantearon como meras manifestaciones programáticas vacías de contenido sino que, por el contrario, tuvieron, y siguen teniendo, un alcance efectivo, y despliegan una protección que los ciudadanos podemos invocar y exigir.

El derecho al trabajo se coloca entre los derechos ciudadanos

En primer lugar, hay que tener en cuenta la ubicación del derecho al trabajo dentro de la Constitución. Cuando se elabora el catálogo de derechos en el texto constitucional, su distribución se realiza atendiendo a diferentes niveles de intensidad y, por consiguiente, de protección. Así, dentro del Título I, se distingue entre los derechos y deberes fundamentales, los derechos y deberes ciudadanos y los principios rectores de política social y económica. El derecho al trabajo del art. 35 se coloca entre los derechos ciudadanos, lo que indica un grado de protección medio, es decir, no estamos ante el núcleo duro y blindado de los derechos fundamentales pero tampoco ante una declaración descomprometida sin mayores consecuencias. Nos encontramos ante un auténtico derecho, que no necesita desarrollo legal para poder ser objeto de tutela y que puede invocarse y exigirse ante los tribunales.

Y es un derecho estrechamente conectado con otros derechos y valores de especial relevancia para nuestra Constitución, que ya en su pórtico configura a España como un Estado social y democrático de Derecho. La importancia que el mundo laboral y profesional tiene en nuestra sociedad se percibe con claridad en la Constitución, que reconoce el derecho al trabajo como un derecho humano en la línea de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948 (art. 23.1). Ello lo vincula directamente al reconocimiento de la dignidad humana que se hace en el art. 10.1 CE, pero también al principio de igualdad y no discriminación del art. 14 CE o a la obligación que se impone a los poderes públicos de realizar políticas dirigidas a la consecución del pleno empleo en el art. 40 CE.

Por si todo ello no fuera suficiente, la enunciación del propio art. 35, clara y contundente, tampoco deja lugar para muchas dudas. No se ha recurrido a fórmulas imprecisas o más ambiguas, no se ha matizado ni condicionado en forma alguna el reconocimiento que se hace del derecho al trabajo. Tampoco, como podía haberlo hecho, se ha limitado el legislador constituyente a regular el trabajo como una opción personal del individuo que excluya los trabajos forzados o la esclavitud y que asegure una libertad de profesión frente a experiencias históricas pasadas como las de los gremios. Al otorgar al trabajo la categoría de derecho, la Constitución implica directamente a los poderes públicos en su consecución y desarrollo, por lo que el trabajo deja de ser una cuestión meramente privada y obliga al Estado a desplegar una labor de promoción y de garantía del mismo.

Ahora bien, con este punto de partida ¿qué podemos esperar y qué deberíamos exigir como ciudadanos de esta previsión constitucional? La respuesta a esta pregunta ha de hacerse, creemos, tanto en negativo, excluyendo lo que a priori parece quedar fuera del alcance del art. 35 CE; como en positivo, determinando el ámbito de protección de este derecho y sus implicaciones prácticas.

Lo que no protege el derecho al trabajo

No sabemos si en la mentalidad optimista y esperanzada de los padres de la Constitución se encontraba el pleno empleo y la posibilidad real de alcanzarlo. Lo que sí parece claro, a día de hoy, es que estamos muy lejos, mucho más lejos seguramente que en 1978, de llegar a esa situación. Como también está fuera de discusión que la oferta de empleo está condicionada por el marco económico del momento y, en último término, por la actividad empresarial, o lo que es lo mismo, por la iniciativa de otros sujetos privados a los que se otorga también protección en la Constitución a través de la libertad de empresa. Ello supone que, aunque a veces se haya planteado como hipótesis, difícilmente prosperaría ante un juez la reclamación genérica y en abstracto para la obtención de un puesto de trabajo fundada exclusivamente en el art. 35 CE. Tampoco parece que pueda reconocerse el derecho incondicional a ser elegido para un determinado trabajo, sino que más bien lo que se asegura es la posibilidad de concurrir en igualdad de méritos y condiciones con otros candidatos, y no ser objeto de discriminación por parte del empresario. Se protege pues, frente al rechazo injustificado y arbitrario del empresario pero, una vez acreditado el cumplimiento de los requisitos y aptitudes necesarios para el puesto, la decisión última sobre la elección corresponde al empresario, que optará por el que considere más idóneo de los diversos aspirantes. Y, en última instancia, de entenderse que ha existido un comportamiento discriminatorio del empresario, ello justificaría una sanción económica para el mismo, pero ni siquiera en ese supuesto podría seguramente imponerse la contratación de un determinado trabajador.

Visto así, el alcance real del derecho parece quedar notablemente desdibujado, al menos desde una perspectiva estrictamente individual. Sin embargo, la experiencia indica que la protección frente a la discriminación en el acceso al empleo ha tenido una incidencia práctica extraordinaria, en la medida en que ha contribuido a crear una cultura empresarial de buenas prácticas, que ha potenciado a colectivos tradicionalmente marginados, como es el caso de las mujeres.

Y si es verdad que el derecho al trabajo no abre automáticamente la puerta a un puesto en el mercado laboral, eso no quiere decir que no pueda deducirse ninguna obligación para los poderes públicos, a los que es exigible en todo caso la adopción de las políticas e iniciativas que sean necesarias para la búsqueda del pleno empleo, así como la asistencia a todos aquellos que, coyunturalmente, se ven imposibilitados de obtener ese empleo. De forma que, a nuestro juicio, resulta reprochable tanto la inacción o la pasividad negligente, como las medidas que perjudican de manera notoria e injustificada la creación y el mantenimiento del empleo. Y el que esos comportamientos no puedan ser revisados ante un tribunal no quiere decir que excluyan la exigencia de responsabilidad en el plano institucional y político.

La protección que dispensa el derecho al trabajo

Hecha la delimitación por vía negativa, en el ámbito positivo nuestro Tribunal Constitucional ha diferenciado una vertiente individual y otra colectiva en el derecho al trabajo. En su aspecto individual, se concreta en “el igual derecho de todos a un determinado puesto de trabajo si se cumplen los requisitos necesarios de capacitación y en el derecho a la continuidad o estabilidad en el empleo, es decir, a no ser despedidos si no existe una justa causa”. En su dimensión colectiva, “el derecho al trabajo implica además un mandato a los poderes públicos para que lleven a cabo una política de pleno empleo, pues en otro caso el ejercicio del derecho al trabajo por una parte de la población lleva consigo la negación de ese mismo derecho para otra parte de la misma”.

En la práctica, en la jurisprudencia se ha invocado el derecho al trabajo para abordar los problemas de discriminación en el acceso al empleo a los que ya nos hemos referido; para determinar su reconocimiento o no a los extranjeros y su posible limitación en función de la nacionalidad; y, especialmente, para tutelar la estabilidad del trabajador en su puesto, habiéndose utilizado, por ejemplo, para excluir la jubilación forzosa, extinguiendo el contrato de trabajo por el mero hecho de cumplir una determinada edad, o para impedir el despido sin causa cuando no existe, al menos, una compensación adecuada para el trabajador.

Su proyección, no obstante, es más amplia, ya que desde el texto constitucional se está protegiendo no sólo el derecho a conseguir un puesto de trabajo y mantenerlo, sino el derecho a un trabajo digno, con unas condiciones mínimas más allá de la precariedad y la explotación. A la luz de esta interpretación deberían ser objeto de revisión crítica muchas de las normas y de las políticas que se imponen en el ámbito laboral, especialmente de un tiempo a esta parte. Tomando como ejemplo la reciente reforma laboral, puede cuestionarse, así, si no incide directamente en el contenido de este derecho al trabajo la regulación de un contrato para jóvenes, el contrato de emprendedores, en el que se establece un período de prueba de un año, lo que en la práctica otorga al empresario la posibilidad de extinguir el contrato sin motivo y sin ningún tipo de indemnización.O bien los contratos que, bajo una apariencia formativa, se convierten en instrumentos de fomento de un empleo temporal y precario. Lo mismo puede decirse del abuso de la contratación temporal, las medidas flexibilizadoras que abren la puerta a una extinción barata del contrato de trabajo, la inexistencia de una política de formación profesional eficaz que permita al trabajador reciclarse y adaptarse a las necesidades cambiantes de la producción, el mantenimiento de servicios públicos de empleo ineficientes que no cumplen su función mientras que, desde la propia ley, se empuja al trabajador hacia servicios privados que no siempre garantizan la calidad del servicio…. En suma, son múltiples y complejas las vertientes que presenta el derecho al trabajo en nuestro sistema y actualmente no cuentan muchas de ellas con una tutela suficiente ni adecuada, y ello no se debe a la imprecisión o ambigüedad del texto constitucional, sino principalmente a la falta de voluntad política y social para dotar de contenido real y eficaz a este derecho. ©

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BORRAJO DACRUZ, E. Introducción al Derecho del Trabajo, 18ª ed., Tecnos, Madrid, 2009.
MARTÍNEZ ABASCAL, V.A. “Derecho al trabajo y políticas de empleo” en El modelo social de la Constitución española de 1978, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, 2003.
MONTOYA MELGAR, A. El trabajo y la Constitución (estudios en homenaje al profesor Alonso Olea), Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, 2003.
RAMÍREZ MARTÍNEZ, J.M. Derechos y deberes laborales, Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 100, Civitas, Madrid, 2000.


Mª José López Álvarez

Prof. Derecho del Trabajo. Univ. Pontífica de Comillas (Madrid).


 

 

¿La Constitución de todos?

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Retos del modelo autonómico en la Constitución, el derecho a la educación, al trabajo y a la sanidad, iglesia y religión en las constituciones españolas, en definitiva, a propósito del bicentenario de la Constitución de 1812, llamada popularmente "La Pepa", Crítica hace un repaso a lo que supone y representa el texto constitucional.


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