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Problemas docentes en una sociedad en crisis

Escrito por: F. Javier Murillo Torrecilla
Noviembre - Diciembre 2012

La prolongada crisis que sufrimos desde hace ya cinco largos años ha pasado de ser una crisis económica a una crisis global que afecta a las estructuras y al modelo de sociedad en el que vivimos. Uno de los indicadores más claros de ello es el dramático aumento de las desigualdades sociales que, si bien han venido incrementándose en esta última década en una gran parte de los Estados desarrollados, en los países donde la crisis está afectando más gravemente la situación se está disparando.

En un reciente informe de la OCDE se afirmaba que la brecha entre en los ingresos del 20% más rico y el 20% más pobre de la población había aumentado en la mayoría de los países de esta organización, con especial énfasis en nuestro país. Con la crisis, esa brecha aumenta y aumenta, siendo en la actualidad España el segundo país más inequitativo de la Unión Europea.

En ese contexto, el trabajo por la igualdad de oportunidades, discurso hegemónico, lejos de ser un elemento de lucha por la justicia social, se convierte en un elemento que consagra estas diferencias. La idea es sencilla, mientras todos tengan las mismas oportunidades para acceder a cualquier puesto de trabajo, a cualquier estrato social, las desigualdades no son tan graves, están justificadas. Sinceramente, nos cuesta pensar que el trabajo de unas personas vale diez, cien, mil veces más que el de otras apelando a las leyes del mercado. Frente a ello, parece necesario cambiar el enfoque de la igualdad de oportunidades por la igualdad de posiciones, como defiende François Dubet (2011). Se trata de buscar una distribución de la riqueza y asegurar a todas las personas una base aceptable de condiciones de vida, de educación, de seguridad…

La educación, como no puede ser de otra forma, está directamente comprometida en esta crisis, la sufre en carne propia, puede ser el camino para salir de ella, pero también puede ser el elemento que contribuya a que la crisis deje una huella en la inequidad de la cual nos va a costar décadas salir. Efectivamente, de un lado, y como a nadie se le escapa, con la excusa del control del déficit se están dinamitando las bases de una educación de calidad con equidad para imponer los principios ideológicos más reaccionarios. Los recortes en docentes, en ayudas, en inversión superan el recorte medio del gasto de las Administraciones. La crisis es usada como una excusa para la imposición de una visión de la sociedad.

Sin la educación difícilmente podemos salir de esta crisis. Es más, si no se aprovechara la crisis para replantearse el tipo de sociedad que queremos, el tipo de educación que necesitamos para lograrla, sería una oportunidad perdida de efectos inimaginables.

Crisis en la educación

La obsesión por el control del déficit, sin política alternativa alguna, y la concepción de la educación como un gasto prescindible está convirtiendo al sistema escolar en el gran pagador, junto con los servicios sociales y la sanidad, de esta crisis. No vamos a hablar de que la educación es una inversión cuyos frutos se recogen en el futuro; la educación, recibir una educación de calidad, es un derecho humano básico que los gobiernos tienen el deber de garantizar. Pero, al final, en eso consiste la esta política de recortes, en recortar los derechos humanos, un trabajo digno, a tener un hogar, salud, educación de calidad…

La primera medida que afecta a la educación es la disminución del número de docentes, casi 100.000 en toda España y en todos los niveles. De esta forma, en la gran mayoría de los centros se ha visto reducido el número de profesores y profesoras que allí trabajan, con las graves implicaciones que esto supone: eliminación de desdobles, de actividades complementarias, menos atención diferencial a estudiantes que presentan alguna dificultad, materias dadas por docentes no especialistas… Pensar en que todo ello no afectará a la calidad de la educación, especialmente a aquellos alumnos que más lo necesitan, es como una broma de mal gusto.

El incremento de las horas lectivas del profesorado en todos los niveles, desde el infantil hasta la universidad, ha sido uno de los caminos para limitar el número de docentes. Sin entrar en el ataque frontal que supuso la justificación de esta medida aduciendo que los docentes “trabajaban poco”, parece claro que hará que disminuya el tiempo de los docentes dedicado a la preparación de las clases, el trabajo en equipo, o su desarrollo profesional. Y la investigación es clara en relacionar estos elementos con el desarrollo de los estudiantes.

Otro camino ha sido el incremento del número de estudiantes por aula, hasta un 20% más: en Primaria se podrá pasar de 25 a 30 alumnos; en Secundaria, de 30 a 36; y en Bachillerato, de 35 a 42. No cabe duda de que este aumento multiplica el trabajo del profesorado pero, sobre todo, afecta a la atención individualizada al estudiante. De nuevo nos encontramos que los estudiantes más débiles serán los grandes pagadores de la crisis.

Disminución o eliminación de las ayudas educativas dirigidas a las familias con mayores dificultades económicas es otro de los elementos claves de esta política. En las enseñanzas gratuitas se ha producido una importante disminución de la cantidad destinada a ayudas a comedor, a libros de texto, a transporte escolar… Como la UNESCO (2007) ha señalado, una educación gratuita no es sólo la ausencia del pago de la matrícula escolar. Hay una serie de costes directos o indirectos que puede limitar gravemente le consecución del derecho a la educación. En la situación actual, con un 27% de los niños y niñas españoles por debajo del umbral de la pobreza (UNICEF, 2012), este tipo de ayudas o compensaciones son básicas.

En los niveles no gratuitos han sido las tasas las que han subido. Aun con diferencias entre Comunidades, en Madrid, una de las regiones líder en recortes, se están estableciendo tasas de matrícula de 250 euros en Formación Profesional Superior, la subida del precio de las escuelas infantiles, que se incrementaran unos 30 euros en todos los tramos de renta y la creación de una cuota de escolarización mensual de 60 euros para menores. La enseñanza universitaria, en sus distintas modalidades, ha visto incrementarse de una forma espectacular el
precio de las matrículas. Este hecho, de extrema gravedad por sí mismo, empeora por una reducción de 50 millones de euros para becas y mayores limitaciones para conseguirlas. Desde este curso 2012/13 se necesita un 5,5 de media para conseguir una, y quien no supere al menos la mitad de las asignaturas matriculadas tendrá que devolver el dinero recibido. Además, para el curso 2013- 2014 será necesario tener un 6,5 de media para acceder a una de estas ayudas y aprobar todo si se quiere mantener. Parece claro que, con todas estas medidas, tener estudios más allá de los obligatorios empezará a ser un lujo que no todos se lo podrán permitir.

Un futuro poco halagüeño

En ese contexto de recortes, de ataque frontal a la calidad y a la equidad de la educación, decir que con la nueva ley se busca “la mejora de la calidad educativa”, como su nombre reza, si no fuera por su dramatismo, suena hasta irónico. Sin entrar en su análisis detallado, parece claro que la nueva Ley, en lo que hasta ahora conocemos por los borradores, no es el camino para salir de la crisis, ni siquiera para mejorar la educación. Es quizás un elemento ideológico más encaminado a aumentar las brechas de las inequidades. En todo caso, veamos cuatro elementos clave.

En primer lugar su apuesta por la segregación temprana, a los 13 años, que no sólo es ineficaz sino que es injusta y clasista. Tres segregaciones nuevas incluye la Ley: Programas de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento, con un currículo “diferenciado”, desde los 13/14 años, para quienes hayan repetido algún curso y tengan dificultades de aprendizaje; Ciclos de Formación Profesional Básica (FPB) a los 15 años, que no dan acceso directo a la FP de grado medio ni se titula en ESO; y dos itinerarios en 4º de ESO, con titulaciones diferenciadas que conducen a FP o Bachillerato.

La nueva Ley considera la educación como una carrera de obstáculos donde las condiciones socioeconómicas y familiares van a ser determinantes. Con ello, defiende la presión ante el examen como el motor del aprendizaje, frente a un modelo educativo centrado en las necesidades y motivaciones de todos y cada uno de los estudiantes. La obsesión por incorporar evaluaciones externas parece más dirigida a controlar ideológicamente a la educación que a conseguir el desarrollo integral de los estudiantes. Con ella, se limitan las posibilidades de las escuelas y los docentes que buscan caminos alternativos y apuestan por una formación donde el rendimiento ante pruebas estandarizadas no es lo básico. Se busca más seleccionar y limpiar cuanto antes a los alumnos “fracasados” en su capacidad para enfrentarse a los exámenes que aportar una educación de todos y para todos.

Otro segundo elemento preocupante es que supone un paso atrás en la gestión democrática de los centrosdocentes. La democracia se aprende viviéndola, no es posible crear sociedades democráticas con una educación que no lo es. Los nuevos planteamientos limitan las competencias del consejo escolar, quedando relegado a funciones meramente consultivas. Frente a modelos de dirección democráticos y distribuidos se apuesta por una dirección unipersonal, nombrada por la Administración, en el que se potencian sus funciones como gestión, no como líderes pedagógicos. Su obsesión por potenciar la competitividad entre los centros y su especialización, llegando al absurdo planteamiento de las clasificaciones según resultados en rankings, convierte a los padres en clientes que pueden comparar y, supuestamente, elegir en ese mercado educativo el centro que más les convenga.

Pero, quizá lo más importante es la imagen de sociedad que subyace en la ley poniendo el sistema educativo al servicio de la competitividad económica. Frente a la necesidad de una formación integral, que eduque para vivir en un mundo globalizado, con personas críticas, solidarias y que luchen por la justicia social, se habla de la educación como motor que promueve la competitividad de la economía. Busca formar trabajadores, no ciudadanos.

Y todo esto qué...

Podría pensarse que todos esos elementos, a corto plazo, no tendrán los efectos tan tremendamente destructivos para la justicia social como lo están teniendo el paro o los desahucios. Sin embargo, tanto las medidas económicas con la futura Ley, no sólo nos están regresando al
sistema educativo de los años 60, está alterando nuestro sistema de convivencia y generando una sociedad cada vez más inequitativa. El principio de equidad, de apoyo a quien más lo necesitan, de compensación de las desigualdades se está transformando en una política que busca la competencia, la exclusión y el abandono temprano de los estudiantes, llevándoles hacia la marginalidad.

En la actualidad, con una tasa de abandono escolar temprano del 28%, España tiene un serio problema educativo, pero no cabe duda de que estas medidas lo profundizarán aún más. Y lo ahondarán en el sentido de que con mayor claridad serán las personas económicamente desfavorecidas las que serán excluidas, bien sea porque dejen de tener el apoyo que necesitan, bien sea porque las limitaciones económicas impedirán que sigan estudiando.

Hay consenso en considerar que la inversión en educación constituye la mejor garantía para el crecimiento sostenible y equitativo de un país. Así, la Unión Europea (2012) ha señalado con claridad que “los recortes en los presupuestos en Educación amenazan con socavar el potencial de crecimiento de la economía y la competitividad”. Pero más allá, afectan a la cohesión social, al derecho de todos y todas a recibir una educación de calidad, a la creación de una sociedad justa.

Podemos afirmar que hay dos formas de encarar la crisis: con una visión cortoplacista de recortes en derechos, o como una oportunidad de replantearse el modelo de escuela o de sociedad que queremos. Efectivamente, como defendió el famoso Informe McKinsey (2012) la crisis es la mejor ocasión para que la sociedad se replantee qué espera de la educación, y diseñar y trabajar por un sistema educativo adecuado para conseguirlo.

La crisis económica está afectando a los más pobres, pero las medidas tomadas para acabar con esta crisis, entre ellas las educativas, están profundizando en la brecha de las desigualdades. De esta forma, se están diseñando las bases para un sistema educativo que genere una sociedad cada vez menos justa y cohesionada; una sociedad con mayores diferencias entre ricos y pobres.©

REFERENCIAS

Dubet, F. (2011). Repensar la Justicia Social. Buenos Aires: Siglo XXI.
McKinsey & Company (2012) Cómo continúan mejorando los sistemas de mayor progreso educativo en el mundo. Santiago de Chile: PREAL.
UNESCO (2007). Educación de Calidad para Todos: un asunto de Derechos Humanos. Santiago de Chile: UNESCO.
UNICEF (2012). La infancia en España: el impacto de la crisis en los niños. Madrid: UNICEF.
Unión Europea (2012). Informe conjunto de 2012 del Consejo y de la Comisión sobre la aplicación del marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación (ET 2020) «Educación y formación en una Europa inteligente, sostenible e inclusiva» (2012/C 70/05).


 F. Javier Murillo Torrecilla

Universidad Autónoma de Madrid


 

Hacía dónde va la educación

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Número que analiza el estado de nuestro sistema educativo actual, así como abre una serie de interrogantes en torno a la metodología, los retos de los nuevos educadores, los nuevos entornos y tecnologías, el éxito en el aprendizaje, formación y retos del profesor del futuro, entre otros.


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