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Protección de la infancia vs. El niño, sujeto de derechos

Mucho se habla de la Convención de los Derechos del Niño invocando sus artículos como el sancta sanctorumde los derechos de la infancia y parece que uno de los frutos de la era del reconocimiento internacional de los derechos humanos tenía que ser este Convenio. Sus ya veintidós años de vida siguen invitando a la reflexión sobre su significado y sobre la necesidad de que el instrumento convencional se haga realidad en la vida diaria de niños y adolescentes.

Evolución en la posición jurídica del menor

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Criterios de determinación de la edad penar relevante

¿A partir de qué momento el delito cometido por un menor merece la intervención penal?

Cuando un menor de 18 años comete un delito, su responsabilidad criminal no se dirime conforme a los postulados del Código penal de 19951, que es el Código penal de los “adultos”, sino de acuerdo a la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal del Menor (en adelante LORPM). La LORPM contiene tanto el catálogo de medidas –que no sanciones– susceptibles de ser aplicadas al menor que delinque, como el procedimiento que se debe seguir a la hora de determinar la responsabilidad criminal en la que el menor pueda haber incurrido2.

Una vez sentado que sólo a partir de los 18 se aplican las disposiciones del Código penal de adultos, queda una segunda cuestión por dirimir. ¿A partir de qué edad podemos entonces aplicar la LORPM? O lo que es lo mismo, ¿qué edad debe tener un menor para considerarle penalmente responsable de sus actos? La LORPM establece en su redacción actual dos franjas de edad3.

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Infancia en España

La revisión de la legislación

Frente al modelo anterior, en el que el juez tomaba las decisiones fundamentales respecto de las situaciones de desprotección del menor, la vigente normativa centra la actuación protectora en los entes públicos y contempla un abanico de técnicas y medidas que abarcan desde la prevención de las situaciones de desprotección de menores, pasando por la declaración de situación de riesgo, previa a la posible declaración de desamparo y consiguiente asunción automática de la tutela por la Administración y la inserción o integración familiar, laboral y social de los menores que han padecido la situación de desprotección.

El sistema español de protección de menores quedó configurado en sus rasgos fundamentales actuales a partir de la promulgación de la Ley Orgánica 1/1996, de 14 de enero, (LOPJM). Esta ley debe articularse con la legislación autonómica en la materia, pues son las Comunidades Autónomas quienes han asumido estatutariamente la competencia de protección de menores en el respectivo territorio sobre la base del artículo 148.1.20ª CE y de las posteriores reformas estatutarias.

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Diez años de la ley de responsabilidad penal del menor

Diez años desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, de la Responsabilidad Penal de los Menores han servido para mucho. Desde que se optó por legislar los ilícitos penales cometidos por aquellos menores con edades comprendidas entre los 14 y los 18 años, muchas y variadas son las certezas e incertidumbres que, al respecto de un tema tan complejo y tortuoso, han visto la luz en nuestro entramado social.

Desde la promulgación de la Ley han acontecido mil y una historias de dolor y confusión, rabia e incredulidad, pero también mil y una historias de éxito, compromiso y de evolución personal. El común denominador, la acción ilícita de un menor de edad, de un adolescente, de un joven. Entre ellas, trágicos sucesos que han generado un amplio y agitado debate social sobre la necesidad y conveniencia de abordar modificaciones en una Ley en general poco conocida, ordinariamente vapuleada y, especialmente, nada comprendida. El dolor, cuando anida tras la injusticia y la barbarie, se hace insoportable, irreparable. Y exigimos justicia. Pero ¿qué justicia? La de siempre, la que todo el mundo entiende. Las reformas y los ajustes se produjeron (no olvidemos que esta norma se vio modificada o afectada en cinco ocasiones, dos de ellas incluso antes de su entrada en vigor), garantizando, entre otras cuestiones relevantes, una mayor atención y reconocimiento a las víctimas, así como una mayor proporcionalidad entre las penas impuestas y los delitos cometidos, olvidando, en ocasiones, los fundamentos que dieron pie a la promulgación de la ley, que, en su esencia, tenía como imperativo fundamental dar respuesta a la reeducación, sin perjuicio de su impacto o consecuencia sancionadora.

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La prevención del maltrato infantil

Según la Sociedad Nacional para la Prevención de la Crueldad con los Niños en el Reino Unido, cada semana, 3 ó 4 niños mueren a manos de sus padres. Según esta misma fuente, además, por cada niño que muere, otro queda discapacitado para el resto de su vida, por lo que cada semana 3 ó 4 niños se quedan ciegos, sordos o con daños cerebrales irreversibles en el Reino Unido, como consecuencia del maltrato.

Según datos recientes de la Organización mundial de la salud, aproximadamente un 20% de las mujeres y entre un 5 y un 10% de los hombres manifiestan haber sufrido abusos sexuales en la infancia, y entre un 25 y un 50% de los niños de ambos sexos asegura haber sufrido malos tratos.

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Los menores frente a los delitos sexuales

 Estado actual de su protección penal en España

La protección penal de los menores frente a la victimización sexual se articula a través de distintos delitos contenidos en el Código penal, algunos específicamente concebidos para víctimas menores de edad y otros dirigidos a todo tipo de víctimas, pero con previsiones específicas para cuando éstas sean menores de edad.

Las definiciones de delito sexual contenidas en el Código Penal pretenden salvaguardar la libertad sexual de las personas pero, en relación con los menores de edad, se entiende que, además de su derecho a vivir la sexualidad en condiciones de libertad, protegen su indemnidad sexual y su adecuado proceso de formación. Avala esta idea el hecho de que por debajo de los trece años se niegue a los menores capacidad para consentir válidamente una relación sexual y el hecho de que, una vez alcanzada la edad de trece años, les siga estando vetada la participación en ciertas actividades sexuales.

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El trabajo socioeducativo desde un recurso de prevención

Como profesionales, nuestra finalidad última es la coconstrucción de modelos de relaciones interpersonales, familiares, profesionales, y sociales que sean altruistas, de cuidados y de buen trato.
Estas relaciones constituyen la base de moléculas basa en la vinculación amorosa, en la reflexión permanente, en una ética del riesgo y en una práctica de los derechos humanos y del respeto a la naturaleza.
Jorge Barudy

La normativa legal vigente de Infancia atribuye a las entidades locales las actuaciones en materia de protección a niños, niñas y adolescentes en situación de desprotección moderada. Se entiende por tal aquella en la que tienen necesidades básicas sin satisfacer y ello sucede durante un período de tiempo lo suficientemente amplio como para provocar un daño, pero su desarrollo no se encuentra comprometido, ni la situación alcanza la suficiente entidad, intensidad o persistencia que fundamente la declaración de desamparo. Esta situación de desprotección, técnicamente valorada y planteada en el correspondiente Plan de Caso, debe abordarse a través de un programa de preservación familiar, si se considera que la familia dispone de la motivación y los recursos suficientes para una posible recuperación.

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