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El Tribunal Constitucional

Escrito por: Rafael de Mendizábal Allende
Mayo - Junio 2012

El guardián de la Constitución

 


La jurisdicción constitucional nació el 24 de febrero de 1803 en una desangelada sala en la planta baja del Capitolio cedida por el Congreso de los Estados Unidos al Tribunal Supremo cuando su presidente, el Chief Justice John Marshall hizo pública la sentencia en el caso Marbury v. Madison. En ella se establecía la revisión judicial de las leyes (y también de los actos del Gobierno, pero éste es otro tema) sacándosela de la manga de la toga como de una chistera extraen un conejo los prestidigitadores, pues la Constitución del nuevo país, promulgada en 1787 y todavía vigente, no preveía expresamente tal competencia.


 Apesar de los pesares y de los poderosos enemigos con que contaba, entre ellos el presidente Jefferson, estadounidense de 1803, este invento jurisdiccional se consolidó y su fama llegó a Europa de la mano de Alexis de Tocqueville, a mediados del siglo XIX. En la Constitución nonata de la I República española (1873) se proyectaba ya un Tribunal Supremo Federal a imagen y semejanza del norteamericano, en este aspecto.

Sin embargo, haría falta el transcurrir de un siglo para que un gran jurista austriaco, Hans Kelsen, sobre la base de su teoría piramidal del Derecho, propusiera una solución ecléctica o más bien salomónica para el trasplante de esta modalidad jurisdiccional, erigiendo un Tribunal Constitucional dedicado exclusivamente a aquella, con separación absoluta de la jurisdicción ordinaria, sistema que implantará la Constitución de Austria en 1820, extendiéndose en el período de "entreguerras" (1918-1939) por gran parte de Europa. A España llegó en 1931 pero muy deteriorado a causa de un defectuoso trasplante, ya que los republicanos de aquellos días carecían de vocación democrática y nunca creyeron en el Estado de Derecho, sino en la Revolución, con mayúscula. Eran tan totalitarios como sus enemigos, y por ello el Tribunal de Garantías Constitucionales fracasó desde su primera sentencia importante, la dictada el 8 de junio de 1934 sobre una ley de cultivos del Parlamento catalán.

Composición y tarea

Así llegamos a nuestros días, o más bien a los ya lejanos que abrieron el reinado de Juan Carlos I. La Constitución de 1978, obra de la Transición, estableció un Tribunal Constitucional, como guardián y defensor e intérprete supremo de ella, atribuyéndole el enjuiciamiento de la constitucionalidad de las leyes, mediante la impugnación directa (recurso) o indirecta (cuestión), razón de ser del propio Tribunal, la que él y sólo él puede desempeñar porque para eso ha sido creado. Las demás podrían encomendarse a cualquier otro, no sólo el amparo, que tiene como objeto el conjunto de los derechos fundamentales especialmente protegidos, sino su actuación como árbitro de los conflictos entre el Estado y las Comunidades Autónomas o entre de éstas entre sí, entre órganos constitucionales, incluido el Tribunal de Cuentas y en defensa de la autonomía local. Para cumplir esta misión trascendental la Constitución prevé que esté compuesto por doce magistrados, todos ellos juristas, profesores unos, siempre la mayoría, magistrados otros, en minoría siempre, a veces escuálida, divididos en tercios, como la Legión y elegidos uno por el Congreso, otro por el Senado y otro a medias entre el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial por un período de nueve años sin posibilidad de reelección, a quienes se defiere la designación de su presidente y vicepresidente para un mandato de tres años, expresión contundente e imperativa del precepto constitucional. Como las instituciones no son artilugios abstractos sino obra de los hombres y las mujeres que las integran, conviene señalar que entre 1980 y el día de hoy, el Partido Socialista ha disfrutado de una mayoría permanente y a veces abrumadora en el pleno del Tribunal Constitucional, salvo algún breve paréntesis en el cual se produjo un equilibrio inestable (2001- 2004) y todos sus presidentes, y casi todos los vicepresidentes, han pertenecido a la misma escudería política, salvo uno, don Manuel Jiménez de Parga. Así que cuanto haya de meritorio o de rechazable en su actuación debe ser imputado a ese grupo, como también su prestigio o desprestigio. A los demás nos queda tan sólo el valor testimonial de nuestros votos particulares.

En ausencia de un modelo de Estado

La jurisdicción constitucional tiene su fundamento en la supremacía de la Constitución, como ya señaló Hamilton en "El Federalista" (1800), que en la Ley Orgánica 2/1979 resultó aguada por el sedicente bloque de la constitucionalidad (art. 27 LOTC), concepto de origen francés acuñado en la década de los 70, abriendo una brecha en esa sedicente primacía que se convierte así en contemplativa, abierta no ya a las "mutaciones constitucionales" sino a las reformas solapadas de la Constitución por vía estatutaria. La absoluta e incondicional supremacía es elemento cardinal para que la justicia constitucional no se convierta en una parodia. Como otra de las argucias subversivas se utiliza además la técnica de la interpretación conforme, compatriota también de Ásterix, un prodigio de hipocresía jurídica en cuya virtud cualquier precepto legal que contradiga literal y notoriamente la Constitución puede ser conservado siempre que se reescriba y se lea de una cierta manera, descubriendo así la "coma de la justicia" a la cual aludía con sarcasmo Benavente en "Los intereses creados".

Vaya por delante el reconocimiento expreso, para dar a cada uno lo suyo, de que el Tribunal Constitucional ha ofrecido en conjunto la respuesta adecuada al reto histórico que fue su razón de ser. En un balance de su actuación durante el terciode siglo transcurrido ha de serle abonado en su haber el diseño de los derechos fundamentales. Nadie sino él hubiera podido hacerlo. Sin embargo, no puede valorarse igual su zigzagueante y coyuntural alzado del mapa autonómico, reflejo de un vacío conceptual. Nuestro Tribunal Constitucional a diferencia del Supremo norteamericano, no tuvo nunca interiorizado un modelo de Estado en el cual se supere el binomio unidad-diversidad. Así como el federalismo llevó consigo la idea de unión hasta en el nombre del país, el desguace apresurado de un Estado unitario con cerca de tres siglos de existencia ha llevado consigo gérmenes de desunión y vientos de separatismo. El Tribunal Constitucional es un órgano jurisdiccional y como tal, político en la acepción más noble de la palabra. El objeto de su jurisdicción tiene esa dimensión y para ella y por ella existe, pero es a la vez una institución del Estado, no de los Gobiernos, ni al servicio de las fuerzas que protagonizan la vida pública o la lucha ideológica. La justicia constitucional, parafraseando a Clausewitz, no puede degradarse a ser la continuación de la política por otros medios.

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La politización de sus componentes

El cáncer de la institución ha sido la politización de los nombramientos y su manipulación descarada por los partidos turnantes en el Poder. El sistema de cuotas para la selección de sus magistrados con el reparto de cada lote de cuatro entre los dos partidos nacionales mayoritarios lo ha pervertido hasta la raíz. El tercio que debió renovarse en 2007 se prorrogó durante tres años más, una ampliación notoriamente inconstitucional, con las circunstancias agravantes del ataque a la autonomía que conllevó a su vez la ampliación indefinida del mandato trienal de presidenta y vicepresidente por la LO 8/2007, declarada constitucional velozmente por un tribunal a la deriva, encantado de ser maltratado (STC 49/2008) y el espectáculo increíble del rapapolvo propinado por la Vicepresidenta del Gobierno a la sazón, María Teresa Fernández de la Vega a su "compañera" Mª Emilia de Casas Baamonde en la tribuna real durante el desfile militar del 12 de octubre de 2007, reprimenda que todos los sordomudos de España leyeron en sus labios. En el día de hoy, transcurrido medio año desde la investidura del nuevo Gobierno del Partido Popular, los españoles siguen esperando la renovación de otro tercio cuyo mandato caducó en el otoño de 2010.

 Sus desencuentros con el sistema judicial

Por otra parte, son notorias las tensiones del Tribunal Constitucional con sus homólogos dentro y fuera de nuestras fronteras. Ha sido muy criticada su actitud reticente respecto del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas con sede en Luxemburgo. Con el guardián de los Derechos Humanos en Estrasburgo la polémica se centra en la negativa del Supremo y del Constitucional, en esto de acuerdo, a dar eficacia rescisoria a sus sentencias desfavorables. Pero lo más significativo y preenfoqueocupante son las continuas fricciones con el sistema judicial. Desde que la STC 7/1994, provocara la rebelión de los jueces del Supremo, pidiendo la intervención del Rey, se han sucedido los desencuentros y los encontronazos de ambos, a veces en asuntos nimios y otros en
temas fundamentales, con airadas respuestas como fue la condena de once magistrados del Constitucional por la Sala de lo Civil del Supremo, en la STS de 23 de enero de 2004, sin posibilidad de evitarlos por no ser obra de las personas sino del sistema, como pongo de manifiesto en mi reciente libro La guerra de los jueces. En el día de hoy el Tribunal Constitucional atraviesa una de sus peores etapas, un declive que empezó hace ocho años, aunque tuviera su raíz en el gravísimo error de excarcelar a la Mesa de Herri Batasuna (STC 136/1999), cuyos momentos más críticos han sido obra de la STC 31/2010 sobre el Estatuto de Cataluña y la STC 62/2010 abriendo la puerta de las instituciones a la banda terrorista ETA por conducto de su marioneta "Bildu" como los hechos han demostrado.

En el tercio de siglo durante el cual han cohabitado ambos tribunales, el Constitucional invadió continua y deliberadamente en su primera etapa el ámbito de actuación del Supremo, cuya posición era institucionalmente débil a causa de su comportamiento a lo largo del ejemplar proceso histórico en que consistió la Transición. Durante la siguiente, tras un relevo generacional, las tensiones y los agravios salieron a la luz. A lo largo de estos últimos veinte años, la experiencia ha permitido comprobar que las escaramuzas entre Las Salesas y Doménico Scarlatti1 no eran un fenómeno ocasional, producto del mal humor o el resentimiento de personas concretas ni de sus ideologías, sino de una dolencia más profunda que se ha hecho crónica y de imposible curación. Bien es verdad que no han faltado tentativas de corregir la deriva como el fundamento jurídico XI de la STC 45/1989 intentando poner puertas al campo, cuya inoperancia dejó al desnudo pocas semanas después la Audiencia Provincial de Madrid en el "caso Lola Flores", la STC 37/1995 con el propósito de deslindar los respectivos ámbitos de actuación de los contendientes o la LO 6/1907 para blindar al Constitucional. En definitiva, el diagnóstico parece claro, el modelo kelseniano de dos tribunales supremos introducido en el art. 123 CE está agotado y la terapéutica resulta evidente, suprimir el Constitucional pero conservando su jurisdicción, joya del Estado de Derecho, en el Supremo. ©

1. El autor hace referencia a las sedes del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, situadas, respectivamente, en las calles Las salesas y Domenico Scarlatti de Madrid


Rafael de Mendizábal Allende

Magistrado Emérito del Tribunal Constitucional

Miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación


 

 

 

¿La Constitución de todos?

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Retos del modelo autonómico en la Constitución, el derecho a la educación, al trabajo y a la sanidad, iglesia y religión en las constituciones españolas, en definitiva, a propósito del bicentenario de la Constitución de 1812, llamada popularmente "La Pepa", Crítica hace un repaso a lo que supone y representa el texto constitucional.


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