Revista Crítica

Usted está aquí: Inicio La Revista Monográfico Enfoque Iglesia y religión en las constituciones españolas

Iglesia y religión en las constituciones españolas

Escrito por: Juan María Laboa
Mayo - Junio 2012

La relación de la Iglesia con el poder político, con el Estado, siempre ha sido difícil y, a menudo, conflictiva. Primero fue perseguida, después apoyada y protegida, a menudo se confundieron y, finalmente se separaron, pero tanto la confesionalidad como la aconfesionalidad han sufrido sus enfrentamientos y malentendidos. A la Iglesia le ha gustado siempre imponer sus preceptos, convencida de poseer la verdad, pero a una sociedad adulta hay que convencerla antes de dirigirla.

La época contemporánea, que nace con la revolución francesa, plantea situaciones inéditas hasta entonces en el campo de las relaciones Iglesia-Estado. La institución eclesiástica, tras quince siglos de inequívoco predominio, encuentra dificultades en su ubicación y en su actuación. El nuevo Estado ha confiscado sus bienes, la ha desposeído de la enseñanza, la ha marginado y ninguneado. No ha resultado fácil convivir con un laicismo militante ni con un anticlericalismo desmadrado, pero hay que reconocer, también, que a la Iglesia le ha costado ubicarse en una sociedad muy secularizada, plural, autónoma y descreída, en la que se desestiman y descuidan los valores religiosos.

La historia de las constituciones españolas nos presenta con suficiente claridad la evolución histórica de los dos últimos siglos, los diferentes puntos de vista y las contradicciones, fobias e intolerancias existentes en la sociedad española, los intentos para lograr una convivencia pacífica o para imponer por la fuerza una determinada concepción.

La constitución de Cádiz

Estamos celebrando el segundo centenario de la Constitución de Cádiz, la Pepa, la primera española, fruto de la situación existente en una nación muy consciente de la necesidad de unidad y tolerancia si quiere enfrentarse con éxito a la invasión francesa. Esta constitución constituyó una admirable fórmula de compromiso. Ninguna constitución española ni de otros países incluye una profesión de religiosidad tan llamativa: “En el nombre deDios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, autor y supremo legislador de la sociedad”. Ninguna otra constitución de nuestra historia se ha atrevido a hipotecar el futuro como la gaditana: “La religión de la nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica y romana, única verdadera”. “La nación española se protege por leyes sabias y justas, y prohíbe el ejercicio de cualquier otra”. Arguelles explica cómo transigieron con sufrimiento con el fin de conseguir otros logros que les resultaban fundamentales.

Efectivamente, se trató de un compromiso entre las dos facciones mayoritarias, y así se comprende el encabezamiento, la rotunda afirmación de confesionalidad, la prohibición de la libertad de conciencia, la determinación de las prácticas religiosas que debían observarse en las elecciones, la obligación de enseñar el catecismo en las escuelas, etc. Junto a ello, fue una constitución que pretendió determinar la organización liberal del Estado y que afirma con rotundidad los derechos de los ciudadanos. Eran conscientes, unos y otros, de sus respectivas fuerzas y de la imposibilidad de imponerse a costa de los otros. Por desgracia, las libertades que defendían los liberales no eran comprendidas ni admitidas por la organización eclesial, aunque, por otra parte, estos liberales mantuvieron el convencimiento de que, a la postre, sólo saldrían adelante y conseguirían sus propósitos si doblegaban a la Iglesia y la reducían a las sacristías. Es decir, unos y otros elaboraron una constitución que, si hubiera durado en el tiempo, hubiera resultado muy conveniente para el desarrollo del país, pero ninguno de los que la aprobó estaba dispuesto a mantener sus principios tal como los aprobaron.

Esta constitución se enfrentó con una Iglesia que no comprendía la evolución de los tiempos, incapaz de distinguir, entre los privilegios que poseía, los que eran absolutamente anacrónicos, de los que resultaban necesarios para su misión, y los defendió todos a ultranza, que no aceptaba los derechos de la conciencia individual, los inconvenientes y ventajas de la libertad de prensa, que no admitía una sociedad más autónoma, progresivamente secularizada, sin que esto quisiera decir necesariamente antirreligiosa.

El enfrentamiento no llegó a darse con todas sus consecuencias en Cádiz, pero no comprenderíamos la historia constitucional española si no conociéramos estas actitudes de ambas sociedades. Los legisladores de Cádiz, en su gobierno diario, fueron emanando leyes según su concepción de la sociedad que necesariamente limitaban derechos y privilegios de la sociedad eclesiástica. Esta, retrasada y egoísta, no aceptó ningún cambio y puso en el mismo cesto los atropellos injustificados y las normas necesarias para construir un Estado moderno y plural. A pesar de estas circunstancias, pocas veces se ha estado más cerca de conseguir una sociedad más justa y moderna, con medios pacíficos y concordes.

De 1837 a 1845

En las constituciones siguientes del trienio liberal, de 1837 y de 1845, según las mayorías, la Iglesia fue perseguida o apoyada. A menudo, la reacción intolerante de los liberales responde a anteriores polémicas y posturas antiliberales de la Iglesia. El trienio liberal (1820-23) vino tras el apoyo incondicional de la Iglesia al absolutismo de Fernando VII. La constitución del 37 coincide con la guerra carlista, cuando buena parte del estamento eclesiástico se inclinó a favor del pretendiente. Los liberales no se contentaron con defender sus derechos sino que intentaron asaltar el poder y la presencia eclesial. Al caer Espartero, por el contrario, los moderados decidieron reorganizar la sociedad según sus principios y criterios, y la constitución de 1845, de clara confesionalidad, fue la consecuencia. A veces, resulta complicado saber cuál de las dos posturas provoca la reacción de la otra. ¿El Estado liberal adopta sus leyes a causa del planteamiento intransigente de la Iglesia o ésta se repliega y endurece su actitud a causa de la persecución a la que, periódicamente, se encuentra sometida?

Una Iglesia obstinada

A lo largo del siglo XIX, la jerarquía eclesiástica concedió una importancia determinante a las formulaciones y tratados, a la declaración de principios. Solemnes documentos eclesiásticos condenaron sin paliativos la separación de la Iglesia y del Estado, tales como las encíclicas “Mirari Vos” de Gregorio XVI y el “Syllabus” de Pío IX. Nos encontramos así con la obstinación por conseguir o mantener la confesionalidad del Estado que caracterizó las complicadas negociaciones de 1868, 1876. Sin embargo, en esos mismos años, las constituciones de Bélgica, Holanda o estados Unidos, demostraban que la clara separación no empañaba la completa libertad de culto, de asociación, de propaganda e, incluso en las dos primeras, se mantenía la activa colaboración y la ayuda económica.

Para unos y otros, la constitución representaba la panacea universal. Esperaban demasiado de ella, que fuera capaz de laicizar una sociedad o mantenerla en los senderos católicos, sin darse cuenta de que ni los españoles dejaron de ser católicos al desaparecer la confesionalidad ni quedaron al resguardo de posibles leyes persecutorias si se la reconocía. Basta recordar la facilidad con la que la IIª República fue aprobando leyes que limitaban la acción y presencia de la Iglesia en la sociedad en plena vigencia del concordato y antes de la aprobación de la nueva constitución. De hecho las leyes orgánicas que especifican las libertades públicas resultan con frecuencia más importantes en la vida diaria que la solemne constitución. Recordemos la capacidad del gobierno Zapatero para favorecer conductas y regular costumbres. Las ministras Aído y Pajín, probablemente, no conocían la letra de la constitución, pero no cabe duda de que consiguieron la aprobación de leyes que difícilmente hubieran aprobado sus redactores.

Constituciones de 1869, 1876 y 1931

A lo largo del las constituciones españolas, al menos de las redactadas por diputados progresistas o izquierdistas, encontramos el propósito declarado de quebrar un tradición, de modelar una nueva sociedad. No se trataba tanto de constituciones que respondieran a opciones fundamentales de la sociedad del momento, sino de elaborar constituciones que marcasen o fomentasen nuevas opciones y costumbres, incluso, morales, y conformasen una nueva sociedad. Así se explica la proliferación de textos tan seguidos y contradictorios, redactados por mayorías que cambiaban de signo con facilidad. En las constituciones de 1869 y 1876 los principios fundamentales declararon el valor absoluto de la libertad y la urgencia de separar el Estado de la Iglesia. Para Pi y Margall, la separación Iglesia-Estado, resultaba necesaria tanto para la independencia del individuo como para la independencia de la Iglesia y del Estado, y actuó en consecuencia.

La referencia al progreso del pueblo, perennemente presente en los escritos de las nuevas clases liberales y burguesas, y que lo contraponen al clero, siempre considerado como reaccionario, a su estrechez intelectual y a la necesidad del pueblo de ser liberado de tanta opresión como sufre por parte de la Inquisición y de los sistemas fiscales eclesiásticos, desembocaron en un anticlericalismo ingenuo pero brutal a lo largo de los decenios. Estos liberales, primero, y socialistas, después, consideraron que la modernización del pueblo debía ir necesariamente acompañada de la marginación de la Iglesia. Presentaron al clero como prototipo del subdesarrollo y del oscurantismo. Para ellos, una sociedad libre, moderna, autónoma, exige una Iglesia marginada y sin poder, sin voz ni influjo en la sociedad, reducida “a la sacristía”; es decir a la exclusiva labor espiritual interna, sin ninguna proyección social.

¿Respondía la constitución e 1931, al menos, en sus medidas religiosas, a los deseos de la mayoría del pueblo español? Creo que no. Resulta significativo, en este sentido el escaso número de diputados que aprobaron los artículos 26 y 27 de esta constitución. 178 a favor y 59 en contra. Casi la mitad de la Cámara no participó en la decisión. Pero, la mayoría de los prohombres de la república eran de la opinión de que a medida que se apagaba la Iglesia resplandecía la modernidad y el progreso.

Libertad de conciencia

Conociendo la historia contemporánea, podemos afirmar que el principal problema del siglo XX no ha consistido en la separación o no de la Iglesia y el Estado ni en el reconocimiento explícito de las Iglesias, sino en el reconocimiento adecuado de las libertades individuales, especialmente el de la libertad de conciencia, en el derecho de asociación, y en el reconocimiento de los valores religiosos y morales. Gran Bretaña conserva la Iglesia nacional y no es obstáculo para que nos encontremos con una Iglesia católica libre, activa, fecunda y respetada. Los países socialistas del Este mantenían en sus constituciones la libertad de conciencia, pero la compaginaban con una persecución manifiesta. Los partidos occidentales defienden todos los valores posibles pero no permiten a sus diputados la libertad de voto ni siquiera en temas que afectan a sus conciencias. Por otra parte, nos encontramos con la dificultad de compaginar la laicidad con la libertad religiosa.

En realidad, en el mundo actual lo realmente importante es contar con una sociedad civil fuerte, autónoma y bien formada, que defienda todas las libertades y que sea capaz de distinguir entre la laicidad y el laicismo. Es la sociedad la que debe ser laica y no el estado, y debe ser capaz de entender con claridad esta distinción.

La constitución de 1978

Durante los meses de elaboración de la nueva Carta Magna (1977-78), el partido mayoritario era la UCD, el clima era distendido y nadie parecía tener intención de envenenar el tema. Todo cambió cuando se filtró el borrador de constitución elaborado por los siete diputados elegidos para ello, en el que se leía “El Estado español no es confesional”, fórmula negativa tan parecida al “Estado español no tiene religión oficial” de la constitución de la Segunda república. Las reacciones y los temores se multiplicaron. El cardenal Tarancón y otros obispos pidieron que la constitución reconociera de alguna manera la presencia de la Iglesia, indicando, como lo había hecho en su homilía ante el nuevo Rey del 27 noviembre de 1975, y los socialistas protestaron airadamente, rechazando el intento, según ellos, de recrear una confesionalidad solapada. Finalmente, el artículo 16 quedó redactado de la siguiente manera: “Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones”. No cabe duda de que se trató de una constitución de consenso y este artículo fue aprobado con los votos de UCD, AP, PCE, Minoría Catalana y Grupo Vasco, y contó con los votos contrarios del Partido Socialista, postura que, probablemente, fue más testimonial que deseosa de crear controversia y, en cualquier caso, ruptura. La constitución tuvo como colofón en el ámbito religioso los acuerdos firmados entre la Santa Sede y el Estado español de 1979 que constituyen un marco apropiado y un indicador claro del estado real de estas relaciones y de los puntos más conflictivos: patrimonio artístico, enseñanza, matrimonio, servicio religioso en las fuerzas armadas y medios de comunicación social.

Después de 1978

UCD; PSOE Y PP han tratado el tema religioso sin contrariar la constitución, pero interpretando algunos aspectos según su talante y doctrina. Para el cardenal Tarancón “la secularidad ha sido asumida con talante español, por consiguiente, de manera radical y extrema. Está produciéndose un vacío que puede ser grave, ya que los que continúan teniendo ahora los resortes del poder no tienen un concepto cristiano del hombre, de la vida y de la sociedad. Pero renunciar a la presencia eficaz del cristianismo en nuestra sociedad sería una traición a la fe y al evangelio”. Con estas palabras se refería a algunas determinaciones de los gobiernos socialistas, a pesar de que el PSOE fue el partido con más votantes católicos, al menos en las elecciones de 1982.

Podemos encuadrar el tema de las relaciones Iglesia–Estado en la España democrática de acuerdo con los acuerdos de 1979, basados en el modelo aconfesional, tal como fue presentado por el cardenal Tarancón en la homilía citada y que, de hecho está presente en nuestra constitución actual. En este modelo, ninguna confesión es oficial y existe una clara separación entre las religiones y el Estado, pero existe un reconocimiento institucional del hecho religioso. Se da una colaboración mutua y se tiene en cuenta la religión mayoritaria, no porque tenga más privilegios, sino por su peso específico en la sociedad.

Esta política reconoce la dimensión positiva del hecho religioso para las personas individuales y para la sociedad en su conjunto, y por ello establece acuerdos con las diversas religiones. Naturalmente, si se parte de la idea de que la religión constituye un anacronismo, más aun, un hecho negativo, la actitud ante la religión solo puede ser negativa, y tiende a poner trabas y a intentar suprimirla.

El modelo positivo es el que se impone cada vez más en Europa, y estamos asistiendo al cuestionamiento de la distinción básica en la laicidad tradicional francesa entre espacio público y espacio privado, y la consiguiente reducción de las religiones a éste. En España se traza el nuevo modelo a partir de la activa participación de los católicos en la transición política. Nos resulta ineludible tener en cuenta la evolución eclesiológica posconciliar, la defensa de la democracia por parte de la HOAC, la JOC y de innumerables católicos, y su activa participación en una transición pacífica y en la implantación de un modelo político democrático. Constituye un nuevo talante de los católicos, defensores de la democracia no por motivos de poder sino de participación en las libertades y el bien común de todos los ciudadanos.

El olvido de este cambio y de esta presencia y aportación de los ciudadanos católicos tiene que ver, por una parte, con el progresivo aumento de los movimientos laicistas y de una política laicista más agresiva y por otra parte, con un talante más intransigente y menos dialogante de algunos obispos y grupos católicos. Se trata de un olvido interesado, ideológico de ambos extremos. Se trata de un olvido suicida ya que nuestra historia ha sido suficientemente intolerante y agresiva en este aspecto como para no desear el reconocimiento del carácter social y público del hecho religioso y de defender la oportunidad de colaborar por el bien común del país, en especial, sobre los temas de la educación, la pobreza, la emigración y el diálogo social. En la constitución debemos encontrar el fundamento no sólo para que se imponga el respeto hacia los creyentes, sino el diálogo con ellos, un diálogo fundado en el ejercicio no dogmático de la razón y en su natural aptitud para interrogarse y abrirse. Solo así se conseguirán unas relaciones de respeto, tolerancia, diálogo y esfuerzo coordinado en defensa del bien común. ©


Juan María Laboa

Universidad P. Comillas


 

 

¿La Constitución de todos?

¿La Constitución de todos?

Retos del modelo autonómico en la Constitución, el derecho a la educación, al trabajo y a la sanidad, iglesia y religión en las constituciones españolas, en definitiva, a propósito del bicentenario de la Constitución de 1812, llamada popularmente "La Pepa", Crítica hace un repaso a lo que supone y representa el texto constitucional.


Ver revista Descargar Suscribirse

Artículos más leídos

La educación no es neutral

La educación no es neutral

Para transformar la sociedad es necesario formar sujetos críticos y creativos, y...

Consumo y ciudadanía

Consumo y ciudadanía

La ciudadanía no consiste únicamente en tener derechos, sino también...

Como lágrimas en la lluvia

Como lágrimas en la lluvia

Yo he visto cosas que vosotros no creeríais: atacar naves en llamas más allá de...

Desde mi teclado

Desde mi teclado

El 93% de los internautas españoles tienen una cuenta activa en al menos una red social....

Crítica cumple 100 años

Crítica cumple 100 años

Hace exactamente 10 años, en el año 2003, yo misma titulaba el editorial de la...

  • La educación no es neutral

    La educación no es neutral

    Martes, 01 Marzo 2011 13:57
  • Consumo y ciudadanía

    Consumo y ciudadanía

    Martes, 01 Julio 2008 11:17
  • Como lágrimas en la lluvia

    Como lágrimas en la lluvia

    Sábado, 01 Marzo 2014 13:54
  • Desde mi teclado

    Desde mi teclado

    Miércoles, 01 Mayo 2013 09:48
  • Crítica cumple 100 años

    Crítica cumple 100 años

    Domingo, 01 Septiembre 2013 00:00

Redes Sociales

Newsletter

Suscríbase a nuestras newsletters para recibir nuestros últimos comunicados
eMail incorrecto